Distintos expertos e historiadores del arte se interrogan sobre la eficacia de la política patrimonial francesa y apuntan a la negligencia del Estado en el mantenimiento de sus monumentos. Prácticamente ninguno de ellos cuenta con póliza de seguro, incluida la misma Notre Dame, incendiada en los últimos días.

Se sigue una larga tradición francesa que empezó en 1889, cuando el Ministerio de Finanzas decidió dejar de contratar a compañías privadas y asumió las consecuencias de eventuales incendios.

En esta política se entiende la innumerable cantidad de famosos que salieron a visibilizar sus donaciones para una reparación que el presidente, Emmanuel Macron, prometió concretar en cinco años.

“El Estado es su propia aseguradora, lo que es sinónimo de no tener póliza”, explica Dominique de la Fouchardière, dirigente de la compañía de seguros Sla-Verspieren, especializada en monumentos históricos.

En 1905 se firmó la ley de separación del Estado y la Iglesia. Entonces los lugares de culto pasaron a tener titularidad pública y el costo del seguro resultó inasumible. Desde entonces, el Estado francés es responsable del mantenimiento de los templos anteriores al siglo XX, que presta gratuitamente a la Iglesia católica. En 2001, un informe gubernamental recomendó “reexaminar” esa política, pero nadie siguió su consejo.

“Costaría demasiado dinero, aunque nos permitiría hacer un inventario detallado de las propiedades del Estado y entender cuál es su valor real. Nos tomaríamos más en serio un patrimonio muy rico, pero del que nos ocupamos poco”, afirma el historiador del arte Jean-Michel Leniaud, presidente del consejo científico del Instituto Nacional del Patrimonio.

Para este experto, el incendio de Notre Dame es el resultado de una desidia colectiva. “El estado de conservación de la catedral no era excelente”, afirma. “Es indispensable revisar los protocolos de seguridad, colocar alarmas contra incendios y controlar las instalaciones eléctricas en todas partes. Las iglesias francesas están sin aliento”, sostiene Leniaud, señalando a otros templos “en mal estado”, como la Madeleine, Saint-Sulpice y Saint-Eustache. El presidente del Centro de Monumentos Nacionales, Philippe Bélaval, al frente de una de las estructuras que velan por su conservación, admitió ayer disfunciones. “El mantenimiento regular de los edificios se descuida demasiado a menudo”, dijo a Le Monde.

Otras voces apuntan a un presupuesto insuficiente, pese a ser uno de los más altos del mundo, con 326 millones de euros en 2019. “Para que todo funcione, tendría que acercarse a los 400 millones”, advierte Alexandre Gady, presidente del Centro André Chastel de la Sorbonne, dedicado a la investigación en historia del arte.

Gady lleva años alertando de la tendencia a confiar en la iniciativa privada para financiar el mantenimiento de los más de 43.000 monumentos históricos que hay en el territorio francés, ya que los mecenas tienden a priorizar las restauraciones espectaculares y no otros gestos menos vistosos. “Esta es la ocasión de hacer un examen de conciencia. Por ejemplo, en lugar de convocar un concurso internacional para reconstruir la aguja, el Gobierno podría haber anunciado un control generalizado de los sistemas eléctricos”, apunta Gady.

También Rémi Desalbres, el presidente de la Asociación de Arquitectos del Patrimonio, lanzó una alerta hace dos años, cuando recomendó al Ministerio de Cultura que generalizase la instalación de alarmas contra incendios y robos, tras observar que muchos equipamientos no contaban con ellas. “Se presta mucha atención a la seguridad de las personas, pero menos a la de los edificios”.