El mecanismo de relojería que ideó Trump cumple su cometido: uno tras otro, los fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, van haciendo estallar los derechos de las personas y comunidades en un sesgo ultra conservador, que hace que las distopías literarias parezcan infantiles.

Primero tumbaron una ley del Estado de Nueva York para restringir la portación de armas. Más tarde vino la cancelación del veredicto de Roe vs Wade, que durante medio siglo había respaldado el derecho de las mujeres a decidir como derecho constitucional. Son tal vez fallos menos conocidos, pero antes habían restringido las facultades de las áreas de salud para establecer restricciones vinculadas a la pandemia.

Ayer, la Corte Suprema de los Estados Unidos volvió a ser noticia, esta vez apuntando contra el ambiente y la lucha contra el calentamiento global.

Previsible, la votación fue 6 a 3, al igual que en los fallos anteriores. Ahora los jueces conservadores limitaron la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para adoptar medidas que regulen la emisión de gases contaminantes emitidos por las centrales eléctricas.

Los periódicos de todo el mundo dieron espacio a la noticia y no es para menos: Estados Unidos es el segundo emisor de gases de efecto invernadero del mundo, pero es el primero si se consideran las emisiones por habitante. Para decirlo sencillo, cada habitante de Estados Unidos “quema” 5 veces más que el promedio del resto de los habitantes del planeta.

Los votos del fallo

La sentencia, nuevamente redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, explica que se consideró que la ley de Aire Limpio no le concedía a la EPA la autoridad para imponer las regulaciones a plantas ya construidas. La "Clean Air Act" es una ley sancionada en 1970 y modificada en 1990, que establece los límites de contaminación en el aire. Su finalidad es garantizar que todos los estadounidenses tengan un aire limpio y saludable para respirar. 

La línea argumental viene a reforzar la perspectiva cuestionadora del poder que se otorga a las agencias del poder ejecutivo que actúan en base a las leyes que dicta el Congreso de Estados Unidos.

Es ilustrativo leer la transcripción porque borra con el codo lo que escribe con la mano:
“Limitar las emisiones de dióxido de carbono a un nivel que obligue a una transición nacional a abandonar el uso del carbón para generar electricidad puede ser una solución sensata a la crisis actual”, escribió el supremo Roberts haciéndose eco de la acuciante necesidad de limitar los combustibles fósiles y, en especial, el carbón.

Pero, siempre hay un pero, “no es plausible que el Congreso le diera a la EPA la autoridad para adoptar por su cuenta un esquema regulatorio de este tipo”.

En su fallo, Roberts criticó a la EPA por encontrar “nuevo poder en el vago lenguaje” de la Ley de Aire Limpio, argumentando que una ley escrita hace medio siglo nunca permitió que la EPA obligara a las empresas eléctricas a cambiar del carbón por otras formas renovables de generación como la energía solar o eólica.
“Una decisión de tal magnitud y consecuencia recae en el propio Congreso, o en una agencia que actúe en virtud de una clara delegación de ese órgano representativo”.

Para que no queden dudas, el Supremo Gorsuch, otro de los firmantes, abundó con más detalles: “Cuando el Congreso parece lento para resolver problemas, puede ser natural que los funcionarios del Poder Ejecutivo busquen tomar el asunto en sus propias manos. Pero la Constitución no autoriza a las agencias a utilizar reglamentos como sustitutos de las leyes aprobadas por los representantes del pueblo”.

O sea, si la ley que crea el ente regulador no establece en detalle cómo ejercerá ese organiso su rol de regulación, entonces no se regulará nada. Serán las legislaturas estatales las que deberán ocuparse de que haya regulaciones. Adiós a cualquier objetivo nacional en las normas, todo el poder a los estados.

La campana minoritaria

La jueza Elena Kagan fue la responsable del voto minoritario al que se sumaron otra vez Stephen G. Breyer y Sonia Sotomayor. El núcleo del voto es “que la mayoría había empoderado a las personas equivocadas para juzgar un dilema existencial”, como bien resume una de las varias notas que The Washington Post dedicó al tema.

“La Corte se designa a sí misma, en lugar del Congreso o la agencia de expertos, como la persona que toma las decisiones sobre la política climática. No puedo pensar en muchas cosas más aterradoras”, escribió Kagan después de una serie de advertencias sobre la catástrofe que se avecina. 
En un voto que pone de relieve buena parte del debate actual sobre el rol de los estados y la forma en que se ejercen los poderes delegados, el voto minoritario dice que el Congreso delega en expertos la mejor forma de resolver problemas que podrían haber sido imprevisibles cuando se redactaron la leyes.

“El Congreso promulgante le dijo a la EPA que eligiera el 'mejor sistema de reducción de emisiones' teniendo en cuenta varios factores”, escribió Kagan. “Al seleccionar esas palabras, el Congreso entendió, que el 'mejor sistema' cambiaría con el tiempo. El Congreso quería e instruyó a la EPA para que se mantuviera al día. Para garantizar la efectividad continua del reglamento, el 'mejor sistema' debe evolucionar a medida que evolucionan las circunstancias, de una manera que el Congreso sabía que no podía saber en ese momento".

Parece un juego de palabras, pero no lo es: ¿cuál es el alcance temporal de las leyes?; ¿acaso los parlamentos no pueden modificar las existentes o sancionar nuevas cuando las circunstancias cambian?
Ese es el dilema actual: con un parlamento partido al medio desde hace casi una década, con casi ninguna transversalidad, no hay forma de adecuar la legislación.

En este fallo los conservadores son “republicanos” (hay que someterse al texto explícito de la ley) y los liberales son “conservadores” (las leyes son inmutables por eso las agencias tienen que actualizar sus reglamentos).

Quiénes ganan

Los de siempre.
Los grandes ganadores de esta sentencia son las compañías petroleras y las mineras, aliados poderosos y financistas de los republicanos en el todo el país.

El caso concreto por el que se produjo el fallo era “West Virginia contra la EPA”, impulsado originalmente por 19 estados, a los que se sumaron más tarde Dakota del Norte y dos importantes compañías mineras en Estados Unidos, The North American Coal Corporation y Westmoreland Mining Holdings.

La pregunta fundante del pleito la resume un artículo de France24: “¿Autorizó el Congreso a la EPA a dictar normas capaces de remodelar las redes eléctricas del país y descarbonizar unilateralmente prácticamente cualquier sector de la economía?”.
Más allá de los preceptos legales, el verdadero interés que guía el pleito son los costos y las pérdidas que podrían provocar las decisiones de la EPA en su combate contra el cambio climático. Y quién debería pagarlos.

En 2021 Washington volvió a entrar en el Acuerdo de París después de la poco elegante salida de Donald Trump en 2017. Entonces, Joe Biden prometió reforzar las políticas contra el calentamiento global. Este fallo hará casi imposible esa promesa.

Y Estados Unidos (y sus complejos empresarios) continuarán siendo los principales responsables de la contaminación del planeta.