El complejo de las pirámides de Giza cerrado para ser desinfectado por primera vez en milenios y El Cairo, la ciudad de más de 20 millones de habitantes que nunca duerme, desolada tras el toque de queda impuesto pueden ser un buen resumen de situación.

La pandemia ha puesto en jaque a un país de más de 100 millones de habitantes concentrados en menos del 5% de su territorio, con una red sanitaria precaria y una elevada tasa de pobreza. 
La Covid-19 representa un desafío titánico para el Gobierno del presidente Abdelfatá al Sisi: evitar a toda costa el colapso sanitario y al mismo tiempo salvaguardar una frágil economía, que como en todo el mundo,  no podrá cerrarse durante mucho tiempo sin ahogar a amplios sectores de la sociedad y al Estado.

El primer caso de coronavirus fue registrado en Egipto a mediados de febrero, pero las autoridades locales evitaron seguir los pasos de otros países de la región y no empezaron a adoptar medidas como la cancelación de clases y eventos culturales y deportivos hasta un mes más tarde.  
Las alarmas comenzaron a sonar cuando aparecieron casos de turistas que dieron positivo tras haber visitado Egipto:  la información oficial fue puesta en duda por otros países y se generó  escepticismo dentro y fuera de sus fronteras.

Hasta el martes, Egipto había registrado 710 casos repartidos por casi todo el país, 157 de los cuales se han recuperado, y 46 fallecidos, según datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, que hasta el 27 de marzo había realizado más de 20.000 pruebas de detección. La tasa de mortalidad, muy por encima de la de cualquier otro país parece reflejar con claridad que el número de infectados es por lo menos 5 veces mayor al reconocido por las cifras oficiales.


Las limitaciones estructurales del sistema sanitario público egipcio, cuyas precarias condiciones laborales derivan en una hemorragia de profesionales hacia el sector privado y el extranjero, ha quedado aún más al descubierto a medida que los casos de coronavirus aumentaban. Egipto cuenta solo con 1,6 camas de hospital por cada 1.000 habitantes según datos de 2014, y el Sindicato de Doctores mencionó en una carta enviada al Ministerio a mediados de marzo la falta de equipos de protección, que se suman a la falta de formación.

Por el momento, el Gobierno ha ido adoptando una progresiva batería de medidas que han moderado también la actividad económica, judicial y política en el país, con el fin de frenar la propagación del coronavirus. La semana pasada se decretó además un toque de queda entre las siete de la tarde y las seis de la mañana.
La nueva situación en la que se ha adentrado Egipto amenaza con poner especialmente contra las cuerdas a sus clases populares. Según los últimos datos oficiales, un tercio de los egipcios vive por debajo del umbral de la pobreza y casi la mitad de sus trabajadores no tienen contrato o dependen de su gigantesca economía informal.
“En Egipto tienes un nivel muy alto de precariedad [en el mundo laboral], por lo que un confinamiento total sería un gran desafío, ya que [estos sectores] simplemente no tendrían ningún ingreso en tan solo un par de días”, expone el economista Amro Adly, profesor en el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Americana de El Cairo.
El cierre parcial del país también amenaza con vaciar las arcas públicas si la crisis se prolonga. Egipto es fuertemente dependiente del turismo, así como de los ingresos generados por el Canal de Suez y ambas actividades estarán particularmente resentidas.