El esquema, puntillosamente organizado, implicó una decisión judicial, una reforma exprés de la Constitución local en simultáneo y un acuerdo con Washington, evidentemente tejido con alguna anticipación, para que aceptara recibir a los ahora expresos. 

La dimensión de la operación puede medirse por el número total de presos considerados políticos: el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas incluyó en su lista del mes pasado a 245 personas, y el sitio opositor 100%Noticias de Managua refirió que quedan ahora en las cárceles del país 39 reos con esa calificación. 

"Se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas. Dichas personas ya fueron deportadas del país, para lo cual se giraron los oficios respectivos", declaró el juez Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua. 

El magistrado agregó que todos fueron privados de sus derechos políticos a perpetuidad, “declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspendidos sus derechos ciudadanos de forma perpetua". 

Desde Washington, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, recibió la noticia con beneplácito y aseguró que la decisión "abre la puerta al diálogo". 

"La liberación de estos individuos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense, marca un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en el país y abre la puerta a más diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua sobre temas que preocupan", expresó Blinken en un comunicado. 

El texto aclara que aunque fue una decisión "unilateral" de Nicaragua, "es positiva y bienvenida" y remarca: "nos mantenemos firmes en alentar pasos adicionales" por parte del Gobierno de Ortega para "restaurar las libertades civiles y la democracia para el pueblo nicaragüense". 

Los liberados llegaron al aeropuerto de Dulles, en Virginia, cerca de Washington, en un avión “facilitado” por Estados Unidos, fueron trasladados luego a hoteles y podrán quedarse en territorio estadounidense dos años. 

Entre los 222 liberados están los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro, y el primo de ambos, Juan Sebastián Chamorro, además de los exprecandidatos presidenciales Arturo Cruz y Félix Maradiaga, y el exgerente de El Nuevo Diario Arnulfo Somarriba. 

Aparecen también seis sacerdotes, pero no el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez Lagos, la más alta autoridad de la Iglesia encarcelada, se negó a subir al avión, según confirmó horas después Daniel Ortega. 

"Álvarez no quiso acatar lo que manda la ley, lo que manda el Estado de Nicaragua", agregó el gobernante sobre la decisión del obispo de rechazar la orden de expulsión del país, dijo el mandatario en declaraciones a la TV nicaragüence. 

Ortega negó además que la masiva excarcelación haya sido resultado de una "negociación" con Estados Unidos, que ha impuesto sanciones a Managua por la represión luego de las protestas antigubernamentales de 2018. 

Sí se fueron, en cambio, el dirigente campesino Medardo Mairena, los exlíderes guerrilleros sandinistas Dora María Téllez y Víctor Hugo Tinoco; los empresarios Juan Lorenzo Jerónimo Holmann Chamorro, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas Duarte; los referentes estudiantiles Max Jerez y Lesther Alemán; y los periodistas Miguel Mora Barberena y Miguel Mendoza. Aparecen en la lista de los reos ya en Estados Unidos la exprimera dama María Fernanda Flores (esposa del expresidente Arnoldo Alemán), el excanciller Francisco Aguirre, el exembajador Arturo Cruz y el exvicecanciller José Pallais. 

Todos fueron parte de los centenares de opositores detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados. 

Varios de ellos fueron acusados y condenados por violar la llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, de apenas dos artículos. 

El operativo de destierro exigió de parte de la AN una reforma del artículo 21 de la Constitución local, aprobada por 89 votos sobre 91, que ahora tiene este agregado: “Los traidores a la patria pierden su calidad de nacional nicaragüense”. 

Inmediatamente después, la Asamblea aprobó una Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense para regular lo dispuesto en el nuevo artículo 21.