Un argentino fue detenido por tráfico sexual de menores en Uruguay
El empresario Ricardo Cirio Orestes fue detenido este viernes. La detención forma parte de la Operación Océano, un operativo que busca desmantelar una red de explotación sexual a menores.
El empresario argentino y exdirector de escuela Ricardo Cirio Orestes fue detenido este viernes acusado de formar parte de una red de tráfico sexual internacional de menores en Uruguay.
El detenido tiene 63 años y vive en Punta del Este. Desde hace 20 años está radicado en el país oriental. Según el diario El País de Uruguay, Orestes regresó a Argentina a principios de marzo, antes del inicio de la cuarentena.
Su abogado, Alejandro Balbi, afirmó que el hombre pretendía retornar a Uruguay para presentarse a la Justicia pero como no tenía nacionalidad ni residencia uruguaya, no pudo. Finalmente, el viernes regresó al país vecino donde fue detenido.
La fiscal de Delitos Sexuales de Uruguay, Darviña Viera, había solicitado a la Dirección de Crimen Organizado su captura en el marco de la “Operación Océano”, una investigación impulsada por Crimen Organizado e Interpol que intenta desmantelar una red de explotación sexual a menores en Uruguay.
Segúun recabó Infobae, en total hay 21 imputados en la causa: Nicolás Ortiz (docente, diputado suplente del Partido Colorado suspendido), Miguel Ángel Larramendi (abogado, exasesor de la URSEA - Ente de Energía y Agua, docente de Derecho Administrativo de la UDELAR), Mauricio Zardo Cabrera (arquitecto), Nicolás Chírico (organizador de fiestas, dueño del boliche La Terraza, empresario), Manuel Nande Bagnulo, Leonel Enrique D’Albenas Castro (escritor y fotógrafo), Matías Sosa de León (empresario), Diego Susena (candidato a la Junta Departamental de Montevideo por el Partido Nacional), Jacques “Jacky” Paullier Symonds (empresario), Ariel Pfeffer Slobodinsky (director de Endeavor e integrante del Piso 40), Diego Francisco Susena (empresario) y Washington Balliva (el ex juez de menores, ex juez de Aduanas).
Todos los imputados son de alto poder adquisitivo y algunos son o fueron funcionarios del Estado.
La jueza Adriana de los Santos proceso al empresario por “retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo”.
La Fiscalía investiga la escuela St. Clare’s donde el hombre era director.