La semana pasada, la Organización de Estados Americanos (OEA) llevó adelante una condena a las violaciones a los DDHH en Nicaragua.

La votación desató una polémica diplomática, especialmente en México y en Argentina, ya que ambos Estados decidieron abstenerse.

Aunque tanto las relaciones exteriores de los dos países vienen siendo coherentes con su larga historia diplomática de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, esta vez, la situación parece ser diferente. En la misma línea que México y Argentina estuvieron Belice, Dominica y Honduras, mientras que, por supuesto, Managua se manifestó en contra, y estuvo acompañada sólo por Bolivia, y San Vicente y las Granadinas.

La presión diplomática de Washington dio resultado, el secretario de Estado de la Administración Biden, Anthony Blinken, se expresó favorable a sancionar a Nicaragua. Con 26 votos a favor, la Casa Blanca volvió a demostrar su fuerte influencia en América Latina.

Tras la polémica, tanto México como Argentina llamaron a consulta a sus embajadores en Managua.

Lo hicieron, de acuerdo con el comunicado que publicaron de manera conjunta, debido a "las preocupantes acciones políticas-legales" adoptadas por el Gobierno de Daniel Ortega, aunque, evitando condenar expresamente las acciones. En el comunicado se refieren a las acciones que “han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses". Al mismo tiempo que, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández afirman que “mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos (...) y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión".

El caso Nicaragua es diferente al venezolano, en materia de costo político interno, especialmente para Argentina. Hacia adentro de la coalición gobernante, Caracas tiene una significancia simbólica difícil de soslayar, al mismo tiempo que suele caer en lo que se denomina la “grieta” de la política doméstica. En cambio, la situación nicaraguense nunca tuvo una presencia ni remotamente similar en el debate público argentino.

Por ello, es difícil entender la decisión de Cancillería a la hora de abstenerse. En un contexto donde las relaciones con la Casa Blanca tienen muchas posibilidades de estrecharse, algo que podría reportar importantes beneficios para la situación argentina con la deuda, no tiene mucho sentido consumir autonomía en cuestiones poco importantes para el país. De la misma manera, para México, los intereses, aún mayores, con Estados Unidos, son mucho más importantes que lo que suceda en Nicaragua.

Probablemente, ambos gobiernos den marcha atrás pronto y comiencen a condenar lo que sucede en el país caribeño. Sería un paso en la dirección correcta.