En medio de la cuarentena y los anuncios del presidente Alberto Fernández para el AMBA, los empleados municipales cordobeses tratan de salir de la encerrona en la que los ha puesto el intendente de la ciudad de Córdoba Martín Llaryora.

El jefe municipal ha logrado en los últimos días lo que casi ningún gobernante pudo: avanzar y recortar el poder de fuego del Suoem –el sindicato que nuclea a los empleados del sector-, lo que en algunos casos se verificó de manera drástica.

Recortó salarios, mandó a decir que no renovará contratos suscriptos durante la gestión de Ramón Mestre y ni siquiera fijó la fecha de pago del medio aguinaldo, que normalmente se abonaba antes de los salarios de junio. También quitó chapas a inspectores, recortó la jornada laboral y provocó cambios en el área de Educación, todo en un puñado de días.

El avance resulta impensado y no existen casi antecedentes. El gremio admite por lo bajo que está en una situación difícil. Como salida, los sindicalistas piden una reunión inmediata con el intendente y quieren sumar a su estandarte a esta ronda de diálogo: Rubén Daniele, el dirigente histórico de los municipales de la ciudad de Córdoba, que se convirtió en el terror de todos los intendentes de turno.

Con Daniele fuera de la pista principal, el Ejecutivo municipal lanzó una suerte de ataque masivo que tuvo el objetivo central de arrebatar algunas conquistas logradas durante las últimas cuatro décadas.

Llaryora sabe que cualquier medida que adopte tendiente a podar las alas del Suoem tendrá un impacto positivo en los vecinos. Pero también sabe el intendente que una lucha de esta naturaleza es siempre de largo aliento, por más que consiga victorias en aspectos parciales de la estructura económica de los empleados.

Sin posibilidades de utilizar la calle como escenario de protestas –casi siempre revoltosas-, a los trabajadores les queda apelar a una reunión con Llaryora, a quien no se lo ve muy dispuesto a sentarse. Eligió sus alfiles para esas contiendas verbales pero ahora el Suoem no reconoce a la secretaria General Verónica Bruera como interlocutora.

Todo lleva a pensar que en el Palacio 6 de Julio no antenderán el pedido sindical “porque nadie le bajará a Llaryora los soldados que designe para cualquier función”, se sinceró una fuente del oficialismo municipal.

Para el dirigente justicialista, esta batería de medidas no son otra cosa que un eslabón de la cadena de estrategias tendiende a ensanchar su carrera electoral. “Martín ya es candidato”, remató otro vocero del intendente. Obviamente se refería al deseo del ex vicegobernador de ser aspirante a gobernador. Obviamente, todavía falta mucho ya que esa elección es en 2023. Esta claro que hasta ahora su principal competidor es el vicegobernador Manuel Calvo, aunque la lista de anotados es generosa, pero de momento no tiene demasiada trascendencia pública. Aquí, sí pueden darse cosas nuevas bajo el sol.