Han pasado tres meses desde que comenzó la Convención Constitucional y, a pesar del breve tiempo transcurrido, debo reconocer que no somos las y los mismos que al inicio de este desafío. Hemos vivido semanas extenuantes, de intenso trabajo, discusión, colaboración y reflexión, sintiendo sobre nuestras espaldas el peso de la historia y la promesa del futuro. La instalación no ha sido fácil, y es que dar forma al poder constituyente sin recurrir a la estructura institucional y a una cultura política ya constituida es un gran desafío, que pone a prueba nuestra capacidad de crear un nuevo concepto de democracia del cual todos y todas participamos.

Reglamento y transversalización

Los primeros meses correspondieron al período de instalación, el cual consistió en la creación de nuestro reglamento. Si bien, a simple vista, esta etapa no aborda materias de fondo, sin dudas ha implicado un avance respecto a discusiones que, hace años, venían levantando organizaciones sociales y políticas. Me refiero a temas como la participación popular, la incidencia de los pueblos originarios y tribales, la deuda histórica con la garantía de los derechos humanos y la participación política de mujeres. Estas discusiones no solo marcan el tono de nuestro funcionamiento interno, sino también son evidencia de nuevas preocupaciones propias de una nueva forma de hacer política. Un ejemplo de esto es la discusión sobre mecanismos de transversalización de enfoques indispensables, incluyendo: Derechos Humanos y de la Naturaleza, género, inclusión, plurinacionalidad, ecología y descentralización. Elaborar un mecanismo de transversalización significa un esfuerzo por ofrecer herramientas para que enfoques marginados de la política tradicional, pero fundamentales para los desafíos del presente y el futuro, sean considerados íntegramente en la discusión de la Nueva Constitución y que el trabajo de ninguna de las comisiones pueda omitir su importancia.

Un buen ejemplo para comprenderlo son las materias de género y la perspectiva feminista, impulsadas con inspirador ímpetu por diversas organizaciones de compañeras. Históricamente, las consideraciones de género han sido relegadas a una comisión particular compuesta solo por mujeres, perpetuando así los roles tradicionales: feminizando ciertos temas y masculinizando otros. Esto usualmente termina por reducir los derechos de las mujeres a un mero catálogo, obviando su componente sistémico. Este enfoque atomizado resulta un verdadero obstáculo para comprender que el género y la perspectiva feminista atraviesan todos los temas (políticos, económicos, productivos, culturales, legales, etc.), pues se trata de un enfoque más que un contenido en particular. Las mujeres debemos ser parte de la construcción política de temas estructurales como economía, modelo de desarrollo, sistema de justicia o estructura del Estado. Ahora, contando con un mecanismo de transversalización, todos los contenidos de nuestra Nueva Constitución deberán ser considerados desde un enfoque de género, permitiendo que no solo las mujeres, sino que también los hombres y las identidades sexogenéricas disidentes estén involucradas en esa discusión y que toda temática incluya esta perspectiva. Lo mismo ocurrirá con los Derechos Humanos y de la Naturaleza, la plurinacionalidad y la descentralización.

Sin exclusiones

Tengo la profunda convicción de que este momento histórico solo podrá cumplir con su potencial transformador si es que nos comprometemos con lograr una profundización de la democracia. Para esto, es esencial extender la participación a todos los rincones de Chile, teniendo especial atención en aquellos grupos de la sociedad que han sido históricamente excluidos de la deliberación pública y el poder político.

Medidas como la paridad, los escaños reservados y la participación de independientes han sido un tremendo avance en esa dirección, mejorando la representatividad de la convención y enriqueciendo su composición. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. En específico, creo que hay dos grupos de la población que han sido sistemáticamente ignorados de la vida política y que hoy me esperanza ver cómo se posicionan en la discusión de la Convención. Por un lado, la población privada de libertad, a la cual se le han negado injustamente sus derechos políticos, ya que no se han implementado mecanismos para su participación electoral, incluso para aquellas que no han perdido este derecho dado que no tienen penas aflictivas.

Al respecto, y en coordinación con otras y otros convencionales y organizaciones, hemos estado trabajando para implementar, junto al Ministerio de Justicia y Gendarmería, un proceso de participación que permita su presencia en los debates constitucionales y la implementación de mecanismos para asegurar su derecho a voto.

Otro caso igualmente grave es el de los niñas, niños y adolescentes, a quienes se les niega toda posibilidad de participar de la vida política por el mero hecho de no alcanzar la mayoría de edad, ignorando que el desarrollo de las aptitudes cívicas debe ser progresivo e incentivado a través de la participación. En Chile los adolescentes tienen responsabilidad penal desde los 14 años, mientras sus derechos políticos solo pueden ser ejercidos 4 años después permitiéndoles la participación del espacio democrático mediante el derecho a voto.

En ese sentido, también estamos trabajando institucionalmente para integrar en el diálogo ciudadano a las niñas, niños y adolescentes, entendiendo que la perspectiva de la juventud es un elemento que enriquece este proceso en donde le daremos forma al futuro que les pertenece. Además, estamos comprometidas con reducir la edad de voto vía reforma constitucional, para que así, los jóvenes desde 16 años puedan participar del plebiscito de ratificación de la Nueva Constitución.

Debate de contenidos

Exactamente dos años después del inicio de la revuelta la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, dio por inaugurado el debate de contenidos. Llegó el momento que tanto esperamos y para el cual trabajamos arduamente. Tal como dicta el Reglamento General, la discusión de contenidos se organiza en siete comisiones que sesionarán de forma permanente. Además, una vez a la semana sesionará el pleno, en donde nos encontraremos las y los 155 para deliberar acerca de las propuestas que cada comisión ha trabajado y presentado, pudiendo nutrir ese trabajo vía indicaciones. En mi caso, tengo la suerte de integrar la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. A diferencia de la materia de otras comisiones, enfocadas en las normas, los Principios Constitucionales apuntan hacia ideas estructurales, que determinarán el marco para la elaboración y posterior interpretación de estas normas. En ese sentido, declaro como una prioridad de mi trabajo el consagrar un Estado Social de Derechos. ¿Qué significa esto? Se trata de dejar atrás la principal trampa de amarre del poder económico en la Constitución del 80 para devolverle el poder y la dignidad a los pueblos mediante el fin del actual Estado subsidiario, herramienta servil a la hegemonía y el modelo neoliberal. En contraste, buscamos establecer un Estado cuidador que garantice una vida digna, atendiendo los obstáculos de orden económico, político y social en la vida de las personas. Debemos consagrar un Estado que cuide la libertad, pues esta solo es efectiva cuando está igualmente distribuida y lo contrario no es otra cosa que el privilegio. Concibo un Estado que cuide la democracia a través de la paridad; que cuide la sociedad a través de la corresponsabilidad; que cuide la igualdad a través de la diversidad y que cuide la vida a través de la dignidad.

Transformar Chile

A pesar de los avances y las dificultades comentadas anteriormente, considero que, probablemente, el desafío más grande que hemos tenido que abordar, es enfrentar el paso desde lo ideal a lo posible, la dificultad de pensar nuestros anhelos para el futuro desde las condiciones de posibilidad del presente. Y es que tras años de protesta social, marchas y activismo, por fin tenemos la oportunidad de empujar transformaciones profundas, pero esto no es nada fácil. Quienes llegamos a la Convención no somos más que herramientas para concretar la promesa de justicia social, y con humildad debemos ser canal de los anhelos y luchas históricas de los pueblos, expresando la diversidad de nuestro origen, experiencias de vida y posiciones ideológicas. Ahora, tenemos el deber de pensar una estructura de derechos y deberes que nos permita a todos y todas vivir en dignidad, pero también con respeto a nuestras diferencias. Construir lo común desde la diversidad, ese es el desafío.

* Constituyente por el Distrito 10. Militante de Revolución Democrática y el Frente Amplio Chile