Aníbal Fernández, interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), revocó 417 contrataciones de agentes en la planta permanente.

El funcionario argumentó que las designaciones son "ilegítimas" porque fueron realizadas días antes del traspaso presidencial. Además, denunció a su antecesor, Omar Zeidán, por "desviación de poder y delitos de acción pública en perjuicio" de la compañía.

"Las actividades del complejo se encontraban virtualmente paralizadas por medidas de fuerza del personal y por el estado de crisis de la empresa", explicó Fernández en su cuenta de Facebook.

Y añadió: "(Zeidán) pretendió despedir más de 500 trabajadores en 2018, amparándose en la supuesta inviabiidad de la empresa y en el procedimiento preventivo de crisis, mientras que los ingresantes a planta no cumplían con las condiciones de residencia, idoneidad ni capacitaciones, ni presentaron exámenes preocupacionales ni antecedentes penales".