El juez Martín Bava citó a indagatoria a Mauricio Macri para el próximo 7 de octubre en el marco de la causa que investiga el presunto espionaje a los familiares del submarino ARA San Juan que terminó hundido en el lecho del mar en 2017, tras sufrir un desperfecto.

Además, el magistrado determinó la prohibición del exmandatario de salir del país, pese a que en estos momentos se encuentra en Miami, Estados Unidos.

El funcionario judicial que subroga en el juzgado de Dolores también procesó a los exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por realizar tareas de inteligencia ilegal sobre quienes buscaban saber qué había pasado con los tripulantes del submarino de la Armada Argentina.

Bava procesó al exdirector general Gustavo Arribas y a su número vicedirectora, Silvia Majdalani, que de este modo ya tienen acumulados cuatro procesamientos por espionaje durante la gestión de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

Además, el juez procesó al exdirector de Reunión Interior de la AFI Eduardo Winkler y al exjefe de la delegación Mar del Plata de la exSIDE Nicolás Iuspa Benítez ya que desde esa base se habrían coordinado las tareas de vigilancia contra los parientes de los tripulantes, que estuvieron orientadas a advertir sobre posibles reclamos al entonces presidente.

"No solo las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata, sino que, además, le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación. Es otro argumento que permite demostrar que el entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se encontraba en pleno conocimiento del especial interés y el seguimiento que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia respecto los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan", escribió Bava.

Según el juez subrogante de Dolores, las tareas de inteligencia ilegal que se hicieron desde la base Mar del Plata de la AFI se realizaron porque "podían afectar a la gestión del entonces gobierno nacional" que encabezaba Macri.

"Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motus proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri", añadió el magistrado en su resolución.

La causa

La investigación se inició en septiembre del año pasado tras la denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que encontró documentación y fotos sobre los seguimientos a los familiares que se centralizaron desde Mar del Plata. Lo hizo mientras relevaba información que le había solicitado el juez Alejo Ramos Padilla mientras investigaba el rol de las distintas bases de la AFI bonaerenses en lo que se conoció como Proyecto AMBA.

Caamaño radicó inicialmente la denuncia en Mar del Plata, donde la instrucción estuvo a cargo del fiscal Daniel Adler. Sin embargo, el juez Santiago Inchausti entendió que debía tramitar conjuntamente con la investigación que llevaba adelante entonces Ramos Padilla sobre el Proyecto AMBA. Bava retomó la pesquisa cuando Ramos Padilla dejó Dolores para mudarse al Juzgado Federal 1 de La Plata.