Cómo evolucionó la tolerancia social al ajuste, según las últimas encuestas nacionales

Recientemente, el presidente Javier Milei planteó que el país tocará piso entre marzo y abril, luego de lo cual comenzaría una mejora, por lo que resulta oportuno ver cómo evolucionó el aguante social al plan de ajuste implementado por su gobierno desde su asunción en diciembre. 

A fines de enero, la consultora Reale-Dalla Torre (RDT) reportó que 28% de los electores no podía esperar nada para que el actual plan económico comience a dar resultados positivos, lo que configura la primera minoría. 

Por otro lado, 13,5% aguantaría hasta abril; eso acumula un 41,5% cuya paciencia social estaría agotada al fin del lapso apuntado por el mandatario, perfilando una situación de alto riesgo social. 

Luego, 16,5% podría tolerar 6 meses y agotaría su paciencia al comenzar el segundo semestre (gráfico arriba). Así, 58% de los electores (un caudal mayor al que votó a Milei en el ballotage) no toleraría más allá de julio. Por otro lado, 33% aguantaría un año o más, lo que se ubica en el mismo orden de magnitud del voto a La Libertad Avanza (LLA) en las primarias de agosto y la primera vuelta de octubre de 2023, alrededor del 30%.

El análisis por nivel socioeconómico (NSE) revela que 50,6% de la clase baja agotaría su aguante en abril, mientras que casi 40% del nivel medio y 28,2% de la clase alta se encuentran en la misma situación (gráfico arriba). Esto implica que la vulnerabilidad crece conforme baja el NSE.

A fines de febrero, Taquión también midió el aguante social (gráfico arriba); nuevamente, la primera minoría fue un 27% sin disposición a esperar, casi el mismo resultado que vimos en RDT. Luego, 16% podría tolerar entre 1 y 3 meses, con lo que agotaría su paciencia entre marzo y mayo. Esto acumula 43% de electores que bajaría el pulgar antes del primer semestre. Después, las respuestas se fragmentan en 11% que esperaría entre 3 y 6 meses, 16% entre 6 meses y 1 año, y 30% 1 año o más. Nuevamente, sólo 30% muestra tolerancia a largo plazo, consistente con el voto duro a Milei.

Este mes de marzo, Proyección Consultores también midió la paciencia social: 35% dijo no estar dispuesto a esperar nada y 13,5% hasta 3 meses. Así, a fines del primer semestre habría 48,5% de los electores cerca de un punto socialmente crítico (gráfico arriba). Por otro lado, 14,4% toleraría de 3 a 6 meses (no más allá de la llegada de la primavera), casi 20% entre 6 meses y un año y 17,3% más de un año. En este caso, el umbral de alto riesgo social se ubicaría al terminar el invierno, cuando casi 63% de los argentinos habría agotado su tolerancia.

Consultora Delfos también midió la variable en marzo: nuevamente, 35% dijo no tener margen para esperar, mientras que 12% dio un plazo de 1 a 3 meses. Así, 47% agotaría su paciencia al fin del primer semestre (gráfico arriba). Por otro lado, 10% toleraría de 3 a 6 meses (no más allá del fin del invierno), casi 20% entre 14 meses y un año, y 20% más de un año. En este caso, el umbral crítico se ubicaría al terminar la primavera para 57% de los argentinos.

Más allá de los matices, los datos de estas 4 encuestas nacionales convergen en plantear dos plazos críticos para Milei: 

1. El primero se ubica entre abril y mayo, cuando un promedio de 38% de los electores agotaría su tolerancia; este es el núcleo duro de resistencia al gobierno, que resulta consistente con el voto a Unión por la Patria en la primera vuelta presidencial de octubre (casi 37%) y que también coincide con la proporción de electores que cree que el presidente no podrá finalizar sus 4 años de gobierno, como reportó Giacobbe a fines de enero pasado (gráfico arriba). 
2. Luego, aun si sortea este umbral, aparece un segundo plazo crítico: entre julio y agosto, cuando el aguante se agotaría para más de la mitad de los argentinos y ya no sólo para los opositores intensos, configurando una situación de altísimo riesgo social. 

En este proceso, intervienen elementos que pueden funcionar como aceleradores de la crisis versus otros que pueden ser amortiguadores. Los principales aceleradores son responsabilidad del oficialismo: un ajuste que sigue adelante más allá de los reveses legislativos (mega decreto de necesidad y urgencia en zona de riesgo y proyecto de ley Bases demorado), aumentos de tarifas, despidos en la planta de empleados estatales y paralización de la obra pública (de alto impacto en el sector construcción). 

Del lado opositor, el principal acelerador es la protesta social, que podría desembocar en el segundo paro general nacional contra la gestión Milei en abril. 

En términos de amortiguadores, hay poco: una desaceleración inflacionaria aún por verse (es probable que la suba de precios de marzo sea similar o incluso superior a la de febrero) y algunas medidas paliativas, como el programa de vouchers educativos para padres o tutores con hijos en colegios privados subvencionados por el Estado nacional, la extensión de los plazos de registración en la SUBE para demorar el impacto del aumento del transporte público y un plan de entrega gratuita de medicamentos entre afiliados al PAMI.