El caso es histórico, por lo relevante que resulta como caso testigo.

Con precisiones respecto al maltrato que reciben detenidos en las hacinadas cárceles de todo el país, regímenes de visita aleatorios, caprichosos y condicionantes para la salud de quienes se deben reinsertar en la sociedad, además de una complicidad alarmante, el fallo de los jueces de Neuquén, Marcelo Grosso, Orlando Coscia y Alejandro Silva, deja un precedente judicial.

Por primera vez, se condenó a cadena perpetua a ocho agentes penitenciarios, por los maltratos que le provocaron la muerte a Argentino Pelozo Iturri.

El 8 de abril de 2008 recibió, mientras estaba alojado en la Unidad Penitenciaria Nº9, los últimos palazos, bastonazos y golpes de todo tipo, que acabaron con su vida.

Una autopsia que los magistrados consideraron “liviana” agravó los hechos.

Casi once años después, Carlos Alberto Vergara, Orlando Horacio John, Pablo Ángel Muñiz, Javier Félix Pelliza, Pablo David Sepúlveda, Daniel Ulises Romero, José Lorenzo Retamal y José Walter Quintana, recibieron la máxima condena en el país, por ser coautores del delito de imposición de torturas seguido de muerte.

Encerrado, Pelozo Iturri agonizó, y por eso también las condenas se extendieron.

El exjefe de seguridad externa e interna del penal, Daniel Huenul, recibió siete años de cárcel. Quien fuera director de la entidad, Oscar Ledesma, fue penado con seis años y medio de prisión; mientras que el subjefe, José Roberto Sosa, con seis años.

A su vez, el exJefe Regional Gabriel Eduardo Grobli se le impusieron seis años por “encubrimiento doblemente agravado” por la gravedad y por ser funcionario público; además de omitir denunciar la aplicación de torturas

El médico de la Unidad, Juan Carlos Heredia, fue condenado por no dar a conocer la situación, a cuatro años de prisión y la inhabilitación para ejercer como médico ocho años. En el mismo sentido, el enfermero Miguel Ángel Carrilao recibió tres años y medio de prisión.