Que aparezcan las figuras de una “unidad centinela” o el pedido para volver a empadronar a todas las máquinas aplicadoras, el gobierno de Entre Ríos no da marcha atrás.

La cuestión se centra en la fumigación en cercanías a escuelas rurales, después de que la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial anulara el decreto 4.407/18, dictado por el Poder Ejecutivo.

En su momento, hasta el propio presidente Mauricio Macri apoyó los reclamos por los fundamentos judiciales.

Ahora, se sabe la gestión de Gustavo Bordet insiste en otra normativa, que busca aggiornarse tras la muralla judicial, pero sosteniendo la noción de autorizar prácticas terrestres con agroquímicos a cien metros de instituciones educativas, y quinientos por vía aérea.

El fallo judicial, en tal sentido, había sido claro: los límites eran 1.000 y 3.000 metros, respectivamente.

Es sabido que la cuestión surge de una demanda de productores agropecuarios.