La Oficina Anticorrupción denunció a tres exministros de Macri por las vacunas vencidas
Se trata de los ex funcionarios de Salud, Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, y de la exministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, denunciados por el hallazgo de 600 mil dosis de vacunas vencidas en la Aduana. El perjuicio para el Estado alcanzaría los 7 millones de dólares
El Gobierno nacional denunció a través de la Oficina Anticorrupción a los ex ministros de salud del gobierno de Mauricio Macri, Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, como así también a la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley por haber dejado vencer en un frigorífico contratado por la cartera de Salud, 600.000 dosis de vacunas.
La denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, tras el sorteo realizado en la Cámara Federal porteña, informaron fuentes judiciales. Se les acusa por los delitos de "abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público" tras encontrarse las dosis vencidas de la vacuna triple bacteriana que forma parte del Plan Nacional de Vacunación.
Según el cálculo de la OA el Estado Nacional habría sido estafado a través de esta maniobra por u$s6.951.404,03. El organismo denunció a 13 exfuncionarios vinculados a las áreas responsables del manejo del "Plan de Vacunación" entre ellas a Rubinstein, Stanley, Susana Devoto, Jorge Lemus y Andrés Scarzi.
La OA tomó conocimiento de la existencia de las 600.000 dosis de la vacuna dTap (triple bacteriana acelular) adquiridas con el objeto de cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación, las cuales se encontraban vencidas en una cámara perteneciente al Frigorífico Oneto y Cia. SAIC, el cual fuere contratado por la cartera como operador logístico.
Por otra parte, el organismo dio con una contratación directa -sustanciada entre los años 2018/2019- cuyo objeto resultó la recolección, tratamiento y disposición final de aproximadamente 40 toneladas de residuos peligrosos alojados en el mencionado Frigorifico Oneto dentro de las cuales se encontraban las 600.000 dosis de dTap.
El Estado nacional -a través del Ministerio de Salud- habría invertido la suma de u$s6.610.306 en la adquisición de las dosis importadas y la de $4.370.000 en el tratamiento y disposición final de las mismas.
El 16 de septiembre de 2016 el entonces ministro de Salud Lemus dictó la Resolución 1464450/2016 mediante la cual se dispuso adquirir 600.000 dosis de la vacuna dTap (triple bacteriana acelular) del laboratorio GlaxoSmithKline Biologicals S.A.. La vacuna tiene como objeto el proteger contra la difteria, tétanos y tos convulsa, y es aplicada en mujeres gestantes y niños de 11 años de edad (tal como lo indica el Calendario Nacional de Vacunación).
Los vencimientos de las dosis operarían sucesivamente entre los meses de abril y agosto de 2018, según se consigna en un informe de la denuncia.
Según el informe, el embarque arribó al país el 7 de diciembre de 2016, ingresando a la aduana, y permaneciendo en la “Terminal de Cargas Argentina S.A” (TCA), hasta el día 13 de julio de 2017, fecha en la se trasladaron las vacunas al depósito del operador logístico, el Frigorífico Oneto. En ese depósito se llevó a cabo la revisión física de la carga, de la que surgió que presentaba averías y frascos rotos (60 dosis), procediéndose a separar los envases averiados en una caja identificada como “cuarentena”.
“Surge de la investigación administrativa sustanciada en el ámbito del Ministerio de Salud, que no se han hallado los requerimientos de los termogramas de TCA, elemento de suma importancia para proceder a la distribución y posterior aplicación de las dosis adquiridas”, advierte la denuncia de la OA.
“Desde el dictado de la resolución por la cual se ordenó la adquisición de las vacunas hasta su despacho a plaza transcurrió casi un año, período de inactividad que resultó fatal ya que durante su transcurso expiraron los sensores de temperatura incorporados por el laboratorio productor y que resultan de extrema importancia para efectuar la correspondiente trazabilidad de las condiciones de alojamiento”, agregó.
Para empeorar la situación, el 30 de julio de 2017, día en que se informó que los sensores que acompañaban la carga habían expirado en diciembre de 2016, aún le quedaban a las vacunas más de ocho meses de vigencia, en tanto el primer lote vencía el 30 de abril de 2018.
Sin embargo las autoridades del Ministerio de Salud habrían omitido solicitar y analizar los termogramas de las cámaras de la TCA, información que de resultar adecuada y aún con las demoras descriptas, hubiera permitido su distribución y posterior inoculación conforme el Calendario Nacional de Vacunación. Ello no ocurrió y recién el 22 de abril de 2019, cuando las vacunas llevaban entre 7 y 12 de meses vencidas (considerando cada lote), fueron rechazadas por desvío térmico a través de un correo electrónico carente de toda fundamentación.
Fuentes Telam y ambito.com