El viernes pasado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por el DNU del Gobierno que habilita la expulsión de migrantes con antecedentes penales.

El Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios emitió un informe, que tuvo como base las presentaciones realizadas por la Defensoría General de la Nación (DGN), y que es crítico respecto al decreto firmado por el presidente Macri.

Con ese antecedente, el Comité de la ONU solicitó que se derogue “toda medida que efectiviza la aplicación del Decreto 70/2017 porque su contenido es claramente contrario a los mandatos de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares” y que, hasta tanto, “se suspenda su aplicación”.

El texto también le solicita al Estado argentino que “retome de manera decidida la aplicación de la Ley de Migraciones (25.871) y desarrolle toda la normativa necesaria para su implementación y cumplimiento en todos los niveles de gobierno”.

Además, el pedido, entre otras cuestiones relevantes, insta al Gobierno a “garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas migrantes, en particular, lo referido a la atención médica, educación y seguridad social”.