Oficializan a Magdalena Odarda en el Instituto de Asuntos Indígenas
Este viernes fue publicado el decreto que la formaliza en el cargo. Los desafíos de la exsenadora rionegrina.
Se sabe que la idea oficial es darle un giro a “la política indígena” desarrollada durante la gestión de Mauricio Macri, que llegó a demonizar al ancestral pueblo mapuche, persecución mediante.
No en vano están latentes las muertes de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, fallecidos en deformados operativos de las fuerzas de seguridad nacional.
En ese sentido, se plantean grandes desafíos para Magdalena Odarda, designada formalmente este viernes al frente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
La exsenadora rionegrina conducirá el organismo, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, después de llevar adelante varios años una reivindicación de derechos de los pueblos originarios, fundamentalmente en base a las tierras y la propiedad.
Semanas atrás, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de la provincia patagónica había celebrado la decisión, después de sufrir una fuerte demonización.
Recordada es la conferencia de prensa de la ministra Patricia Bullrich, apuntando a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como enemiga del país. El contexto era un operativo de Prefectura Naval en Villa Mascardi, que derivó en el fallecimiento del joven Rafael Nahuel, asesinado por la espalda por un efectivo del grupo especial Albatroz.
En aquel momento, Bullrich dijo que “en el sur del país han ocurrido más de 60 violentos atentados” de parte de "grupos que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, que no aceptan el Estado, la Constitución, nuestros símbolos, que se consideran como poder fáctico que puede resolver con una ley distinta a todos".
Hoy, se reclama por “mayor representación indígena” en el INAI, a sabiendas de que “en el país existen cuarenta pueblos distintos” que demandan presencia.
Exigen que el Estado reconozca oficialmente la existencia de “un genocidio indígena” histórico, y que se haga efectiva la “propiedad comunitaria” de territorios aptos, como exige la Constitución Nacional.