El flamante "acuerdo de colaboración" firmado por la Municipalidad de Córdoba, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas prestatarias y que puso en marcha el transporte urbano en la capital no tiene sólo color rosa.

Así lo avizoran los concejales de la oposición, ya que los 15 votaron en contra del otorgamiento a facultades al Poder Ejecutivo en la materia hace una semana.

Los ediles Juan Pablo Quinteros y Olga Riutort difundieron en las últimas horas una carta al intendente Martín Llayora, a quien acusan porque "falta a la verdad".

Remarcando que el Marco Regulatorio del sistema le permite el control y sanción a las firmas prestatarias, cuestionó su falta de avance "de manera seria y decidida" en la aplicación de multas y ratificando que se dieron todas las condiciones para rescindir el contrato.

Y le apuntó a la flamante ordenanza en medio del paro: "(El intendente) Recordó que hay un Concejo Deliberante optó por recordar que hay un Concejo Deliberante y envió para su tratamiento exprés (48 hs) una ordenanza declarando la emergencia del sistema. Esta medida le garantiza al menos dos años de decisiones centrales sin que deban pasar por el cuerpo legislativo. Como estrategia, instaló en los medios que esa era la única alternativa para salir del problema".

Los representantes de Fuerza de la Gente y Encuentro Vecinal recordaron su pedido, hace 70 días, para disponer de "un servicio precario destinado al grupo de trabajadores que el COE permite que utilicen el servicio público de transporte" pero "nadie nos escuchó".

Agregaron que "pretende hacer creer que la TAMSE, para poder prestar el servicio de transporte, debía dejar de ser una empresa social para transformarse en una empresa comercial".

La referencia es la reciente modificación del estatuto, que le permite ir "vendiendo nafta, tirando cables, comprando acciones de la Bolsa o hasta poniendo una tienda de lencería". Y aclaran: "Como si se pudiera garantizar así el servicio que la empresa municipal debiera prestar".

También remarcaron que "la TAMSE no es un maxiquiosco", sino "una prestataria del Estado Municipal que debe estar al servicio de los vecinos de Córdoba", para lo cual "no es necesario generar más problemas a los existentes con una enorme unidad de negocios sin control alguno".

Riutort y Quinteros concluyen: "Nos produce una profunda indignación y tristeza la utilización de los vocablos diálogo y consenso, porque solo se usan como instrumento de marketing y nada tienen que ver con la realidad".

El comunicado completo

EL INTENDENTE FALTA A LA VERDAD

En las declaraciones formuladas el día miércoles en distintos medios de prensa el Intendente Martín Llaryora adujo que a partir de la recientemente sancionada ordenanza de emergencia del sistema de transporte, tenía la facultad de controlar a las empresas y aplicar sanciones.

Por qué decimos que con las anteriores expresiones el Intendente falta a la verdad? Porque siempre, desde el primer minuto en que asumió su cargo, tuvo las facultades para hacerlo. En efecto, la ordenanza Nº 12076 que aprueba el “Marco Regulatorio para el Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros”  y los contratos de concesión vigentes  son absolutamente claros respecto de las obligaciones empresariales en la prestación del servicio.

Ni las gestiones anteriores responsables de la adjudicación del sistema, ni la actual administración, avanzaron de manera seria y decidida en el control de la prestación del servicio ni en la aplicación de multas por los incumplimientos contractuales, lo que podría haber llegado, dada su reiteración y gravedad, a la caducidad de la concesión a las empresas que no respetaran los requerimientos del servicio para el ciudadano de Córdoba.

Pre pandemia, la actual gestión, podría haber demostrado la voluntad política de poner al transporte público de pasajeros al servicio de los vecinos de Córdoba. En pandemia, luego de un larguísimo silencio y ante la acuciante realidad de más de 20 días sin servicio, y cuando las culpas al gobierno nacional por la inequidad de los subsidios ya no bastaban  optó por recordar que hay un Concejo Deliberante y envió para su tratamiento exprés (48 hs) una ordenanza declarando la emergencia del sistema. Esta medida le garantiza al menos dos años de decisiones centrales sin que deban pasar por el cuerpo legislativo. Como estrategia, instaló en los medios que esa era la única alternativa para salir del problema. Una nueva cortina de humo para ocultar la falta de planificación y de una solución sostenible para el sistema de transporte urbano de pasajeros basada en el consenso de todos los actores.

En el mismo sentido se pretendió dejar a los concejales de la oposición como obstructores de la solución del conflicto, cuando fuimos nosotros los ediles opositores, los que sugerimos que analizara las posibles causales de caducidad de los contratos de concesión por incumplimiento y pusiera en marcha un servicio precario destinado al grupo de trabajadores que el COE permite que utilicen el servicio público de transporte que representa solo el 10% del total de pasajeros. Lo hicimos público hace más de 70 días, pero nadie parece haberlo escuchado.

De esa forma se podría estudiar, de manera seria y responsable, el diseño de un plan integral de movilidad urbanaincorporandomedios alternativos de transporte en un todo de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas.  La Ciudad de Córdoba necesita de una infraestructura resiliente que permita la utilización de  bicicletas garantizando la seguridad e integridad física de quienes se desplacen por esta vía.

Cuando sostenemos enérgicamente que el intendente falta a la verdad, no sólo lo decimos por lo que acabamos de describir, sino porque además pretende hacer creer que la TAMSE,  para poder prestar el servicio de transporte, debía dejar de ser una empresa social para transformarse en una empresa comercial, como si vendiendo nafta, tirando cables, comprando acciones de la Bolsa o hasta poniendo una tienda de lencería se pudiera garantizar el servicioque la empresa municipal debiera prestar.

La “Emergencia del Sistema de Transporte”se aprobó sin que el oficialismo pusiera a disposición un solo documento que permitiera verificar y conocer el verdadero estado de situación económico y financiero de cada una de las empresas prestatarias. Tenemos la esperanza que la información que fuera solicitada en la reunión de comisión para el tratamiento de la emergencia nos haya sido ocultada. Pensar que tal vez no la tengan nos lleva a una situación de insondable preocupación.

La TAMSE no es un maxiquiosco, es una prestataria del Estado Municipal que debe estar al servicio de los vecinos de Córdoba, garantizando el transporte de estos ya que justamente es el déficit que hay que resolver, no es necesario generar más problemas a los existentes con una enorme unidad de negocios sin control alguno.

Nos produce una profunda indignación y tristeza la utilización de los vocablos diálogo y consenso, porque solo se usan como instrumento de marketing y nada tienen que ver con la realidad.

RIUTORT Y QUINTEROS: Carta abierta al Intendente