Al momento de que se lo informaron, una niña tucumana de once años tenía un embarazo de veinte semanas. Junto a su familia, demoró pocas horas en solicitar la interrupción, a la que tiene acceso legalmente, a través de un aborto.

Pero el sistema de Salud de Tucumán demoró más de un mes llevar adelante la práctica, la gestación continuó y, en las últimas horas de este martes, se supo que la pequeña fue sometida a una cesárea.

Tuvo que medir una intervención judicial, a través del juzgado de Familia de Quinta Nominación de la provincia norteña, a cargo de Valeria Brand, que bregó por respetar los derechos y la integridad de la víctima.

Como en muchos casos todo surgió en el ámbito intrafamiliar, ya que el embarazo se produjo por la violación de la pareja de la abuela de la niña.

Como había ocurrido en Salta a principios de año, con otra pequeña, se volvió a dejar de lado el protocolo de Salud que la ley prevé para estos casos.

Se supo que la pequeña está en buen estado de salud y el bebé, que pesó apenas por encima de medio kilo, cuenta con escasas posibilidades de sobrevida.

La abogada de Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres X Mujeres, Soledad Deza, sostuvo: “No estamos frente a una objeción de conciencia común, hubo un accionar político conservador iniciado desde el Poder Ejecutivo y convalidado por el Ministerio Público, dirigido meticulosamente a intentar que Tucumán vuelva atrás en derechos. Abortar en caso de abuso o riesgo para la salud es una opción legal. El Estado tiene que asegurar la práctica. Acá hubo encarnizamiento y del peor con esa niña”.