El Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba publicó la Resolución del Ministerio, cuya decisión se apoya en la necesidad de llevar a cabo “acciones estratégicas para mitigar las consecuencias que la emergencia pública sanitaria produce en materia de género y violencia contra la mujer”.

La emergencia en materia de violencia de género venía siendo una de las principales reivindicaciones de gran parte de las organizaciones feministas y colectivos de mujeres, ante la escalada de violencia y la cantidad de femicidios que en los últimos años no para de aumentar. Es más, según declaraciones del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de la Nación, el único delito que no ha disminuido durante la cuarentena es la violencia contra las mujeres. Pero a nivel nacional no se decretó la emergencia.

Algunas voces, oficiales y no oficiales, se manifestaron en contra de la declaración de esta emergencia, con el argumento de que la violencia de género es un problema social cuyos límites temporales no se pueden determinar, algo básico en la determinación de la excepcionalidad que caracteriza la situación de emergencia. Pero además, aunque no se reconozca públicamente, la declaración de cualquier tipo de emergencia implica una partida presupuestaria especial.

En los últimos años la búsqueda de una posible solución, o al menos de un camino hacia ella, ha provocado un intenso debate y en mayo de 2019 se presentó ante el Congreso Nacional un proyecto para declarar la emergencia en materia social por violencia de género, por dos años, en todo el territorio nacional. El Proyecto tiene estado parlamentario, pero obviamente no se ha llegado a tratar

Emergencia dentro de la emergencia

En otros contextos fue discutida la efectividad de la emergencia, porque la violencia de género tiene una matriz histórica, no tiene un plazo determinado e implica un profundo cambio cultural el que la educación ocupa un lugar central. Luciana Peker, periodista y escritora feminista, declaró recientemente que “en esta coyuntura, de pandemia sanitaria y aislamiento obligatorio, la emergencia dentro de una emergencia cuenta con mucho más sentido y posibilidad de respaldo”

Efectivamente y según los datos del Ministerio que encabeza Claudia Martínez, durante la emergencia sanitaria, el aislamiento social, preventivo y obligatorio para combatir el coronavirus no implica seguridad y tranquilidad para muchas personas, en su mayoría mujeres, niños, niñas y adolescentes, para quienes el hogar no es un lugar seguro. El 62% de los femicidios son cometidos al interior del hogar, y en un 76% de los casos los agresores son la pareja, ex pareja o familiar directo de la víctima.

En toda la extensión del territorio provincial las consultas y denuncias por violencia de género aumentaron considerablemente respecto a períodos anteriores y algunas fuentes hablan del triple de llamados y pedidos de auxilio durante la cuarentena, llegando a recibir hasta 300 consultas y/o denuncias telefónicas por día, además de la atención presencial que no ha disminuido.

El texto del Boletín Oficial es claro: “resulta necesario disponer de acciones estratégicas para mitigar las consecuencias que la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio producen en materia de violencia por razones de género, a los fines de fortalecer la asistencia brindada a las mujeres y garantizar una contención real”.

Seguramente en los próximos días se conocerán más acciones concretas y datos sobre los recursos humanos que se destinarán a esta emergencia, porque hasta el momento no se ha provisto una partida presupuestaria especial. Pero tanto la Ministra como las profesionales que trabajan en la emergencia refirmaron, una vez más, su compromiso con la prevención y erradicación de todo tipo de violencias.

Hay una realidad que no puede esperar. En Córdoba, en lo que va del año, ya son siete las mujeres víctimas de la mayor e irreversible violencia de género, el femicidio. Y durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, los equipos técnicos del Ministerio han tramitado cientos de denuncias, de las que 461 terminaron en detenciones realizadas por la Policía de Córdoba; recibieron 15.594 llamados y 2149 whatsapp, por poner sólo algunos números a la emergencia dentro de la emergencia.