La causa conocida como la “mesa judicial” tomó gran revuelo desde que fue impulsada dado que implicó investigar si el gobierno de Mauricio Macri presionó a jueces para lograr fallos favorables o bien para castigar a aquellos que firmaban resoluciones adversas. Este fue el argumento que impulsó la hipótesis del lawfare, pero una decisión de las últimas horas podría dejar todo esto en la nada, según publica Infobae.

El expresidente Macri, el exministro de Justicia Germán Garavano, su asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y varios de sus exfuncionarios fueron sobreseídos.

Por el contrato y para los denunciados, lo que se señaló en su contra fue “un discurso articulado frente a funcionarios del kirchnerismo que tenían problemas en la Justicia”. 

Según cita el mencionado portal, el fallo, firmado hace unas semanas pero hasta ahora no difundido, estableció una serie de puntos claves. El más importante es que los jueces o funcionarios que fueron supuestamente presionados nunca hicieron la denuncia en su momento, pese a estar obligados en su calidad de funcionarios públicos. Pero además, cuando les tocó declarar afirmaron que “no se habían sentido afectados ni habían torcido sus decisiones judiciales por las causas en las que intervenían”.

“Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y, por lo tanto, pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”, sostuvo el fallo firmado por la jueza María Eugenia Capuchetti.

En ese sentido, afirmó Capuchetti que “tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad”. Todo este escenario “evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones”.

El fallo por los sobreseimientos de Macri y el resto de los investigados fue apelado por el fiscal Franco Picardi: cuestionó la decisión de hacer lugar al planteo que dice que no hubo delito como forma de cerrar la causa y dijo que todavía quedaban medidas en curso. Hubo que notificar a todos los involucrados porque algunos ni siquiera habían presentado abogados en el expediente, describe Infobae. Ahora, la revisión de la causa quedó en manos de la Cámara Federal porteña, para cuando se reanude la actividad habitual en febrero, en los tribunales de Comodoro Py 2002.

Fuente: Infobae.