Una Ministra para 25 gobiernos
El principal conflicto del gobierno no es entre Alberto y Cristina, y tampoco nació con él. El problema de fondo, dice Julio Burdman, reside en la injusta relación entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales, para el cual el gobierno no trajo ninguna solución. En vez de resolver esta asimetría, la estrategia de Cristina de cara al 2023 pareciera implicar más transferencias de poder a los gobernadores.
El problema fundamental del gobierno del Frente de Todos no es entre el Presidente y la Vice. Menos aún es la hipotética triangulación entre ambos y Sergio Massa. Todo eso es la punta del iceberg. Lo sintomático de lo subyacente, lo real, lo que sucede aunque no se vea, es la injusta relación entre el gobierno de la Casa Rosada y los de las provincias –para colmo, peronistas en su mayoría.
Frente a las crisis, siempre hay que recordar que en Argentina no hay un gobierno, sino 25. Pero uno en general está fundido y endeudado hasta la médula, y los otros 24 suelen estar relativamente bien. Algunos, de hecho, están bastante felices. Pero el gobierno nacional nunca puede pedirles que pongan su parte. Pasan los presidentes, y cada vez les ceden más a las provincias, en busca del tan deseado “apoyo de los gobernadores” en el Congreso y las elecciones. Este secuestro de la Rosada por parte de los gobernadores lleva demasiado tiempo, ya se acaba la Argentina, y ya casi no hay qué más darles. El gobierno no trajo soluciones a este problema.
Historia de la hiperprovincialización
La provincialización de la Argentina, que con tanta pompa denominamos “federalismo”, fue un invento de los militares de 1955. Entre Avellaneda y Perón, los cien años de oro del país, imperó la nación. En democracia, quien reinauguró esta práctica de hiperprovincialización fue Carlos Menem, que les transfirió todo, desde los servicios del Estado hasta los recursos naturales. La etapa de Mauricio Macri fue otro hito del provincialismo, sobre todo a partir de 2018, cuando el gobierno implementó un mal fallo de la Corte Suprema (del año 2015, anterior a Macri) que aumentó la cuota de coparticipación de las provincias de 40% a 48%. El comienzo del fin de Cambiemos. A partir de entonces, casi la mitad de lo que recauda el Estado nacional va automáticamente a las provincias, pero la Nación solita debe hacerse cargo del FMI, las deudas en pesos y dólares, las jubilaciones, los planes sociales, las universidades, y una lista interminable de obligaciones.
Un peronismo provincial y popular
Desde la llegada de Alberto Fernández y Martín Guzmán al poder tuvieron que enfrentar dos grandes tareas: renegociar la deuda y pensar qué podían inventar para aliviar los números en rojo del Tesoro. Surgieron los proyectos de las grandes fortunas, la renta inesperada… pero nadie se atrevió a tocar el botín de las gobernaciones. Alberto solo avanzó sobre el famoso punto de coparticipación de la Ciudad, y se lo dio a Kicillof.
¿Por qué nadie se anima a enfrentar el problema de la asimetría entre Provincias y Nación, una de las fuentes de la inviabilidad económica argentina? Uno de los grandes dramas es que el peronismo dejó de ser un “Movimiento Nacional y Popular”, y se convirtió en uno “Provincial y Popular”. Alberto, el presidente peronista con menos poder, por obvias razones, arrancó sin capacidades para imponer nuevas condiciones a los gobernadores. Estos le dieron su apoyo político, a cambio de status quo. Cristina, en cambio, parecía ser la amenaza del poder provincial, la líder nacional sin territorio, con su movimiento basado en los votos del conurbano. Pero desde hace unos meses Cristina cambió. Viendo que la derrota de 2021 no auguraba un buen 2023 para el Movimiento Provincial y Popular, decidió ponerse al frente. Comenzó su rueda de conversaciones con los gobernadores, fue hasta Chaco a plantar bandera. Y comenzó a lanzar propuestas que significaban más y más transferencias de poder a las provincias: una Corte Suprema Federal con 25 jueces, la cesión de la política social a provincias y municipios. Y, como broche de oro, la propuesta como ministra de Economía de la secretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis. La noche del domingo en las cadenas de televisión política fue una sucesión de entrevistas con los gobernadores y jefes provinciales del peronismo que celebraban la llegada de la funcionaria que nunca dejaría que el FMI vuelva a cuestionar las relaciones fiscales provinciales.
A partir de la nueva alianza de Cristina con los gobernadores, el Frente de Todos se reacomodó. Estamos ante una versión 2.0 de la coalición, que podría parecerse –si todo sale bien– al año 2015. Tal vez no sea casual que Daniel Scioli y su potencial ministra de Economía vuelvan al primer plano de la política nacional. Vuelve Cristina como la gran armadora del sistema peronista. Y si bien no es seguro que ella sea candidata, sí parece inexorable que tendrá un rol central en la nominación de los primeros nombres. La intermediación con las provincias que se proponían hacer Alberto y Massa perdió importancia, porque el trabajo quedó en manos de la propia Cristina. Pero los gobernadores no sólo no son tontos: son, además, insaciables. Además de beneficios para sus distritos, querrán fórmulas ganadoras para el cuarto oscuro. Si Cristina no garantiza eso, no dudarán en hacer su propio juego otra vez.