"Es un abuso institucional por parte de la fiscalía y las fuerzas de seguridad"

La causa penal abierta contra un joven de 21 años que tuiteó irónicamente sobre la posibilidad de "un saqueo" reavivó las críticas contra la política del denominado ciberpatrullaje que impulsa el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La medida, que apunta a vigilar las conversaciones que se dan en las redes sociales, fue presentada por la ministra de Justicia, Sabina Frederic, en el marco de las medidas dispuestas por el gobierno nacional ante el brote de coronavirus. Entre otros argumentos, se señaló que apuntarían a evaluar el "humor social" de los argentinos.

Se trata, en rigor, de una continuidad de políticas de vigilancia establecidas por Patricia Bullrich, ministra de Justicia durante el gobierno de Cambiemos. En dicho período se abrieron causas judiciales contra personas que retuitearon canciones que insultaban al ex presidente Macri o que pronunciaban falsas amenazas. También se involucró a especialistas en informática en causas arbitrarias. (Ver: Javier Smaldone denunció persecución: “No sé de qué se me acusa”)

Pese al cambio de gestión, el ciberpatrullaje continúa siendo una práctica delegada a las fuerzas de seguridad con criterios muchas veces imprecisos.

La acusación contra Kevin Guerra, a quien se imputa por intimidación pública, aparece como otro exceso reñido con la democracia, sus instituciones, y el esencial derecho de expresión.

"La expresión de este chico no constituye delito bajo ninguna figura del Código Penal. Por lo tanto iniciarle causa penal, por intimidación pública, es cuanto menos un abuso institucional por parte de la fiscalía y las fuerzas de seguridad", refrenda Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, referencia en la lucha por los derechos humanos en entornos digitales.

En diálogo con este medio, Busaniche evoca que las prácticas de vigilancia que avanzan sobre derechos individuales se han profundizado con el auge de las tecnologías digitales.

"El ciberpatrullaje no es una novedad de esta gestión, es algo con lo que venimos lidiando desde hace años. Rechazamos de plano que se utilice para evaluar el humor social. Entendemos esta situación excepcional, esta crisis, donde es importante que se atienda cualquier cambio en temas de humor social. Pero esto no debe ser hecho, bajo ninguna circunstancia, por las fuerzas de seguridad. No son las fuerzas de seguridad las que deben estar atendiendo cuál es el estado emocional de la sociedad", afirma.

El control extendido sobre todos los usuarios de las redes sociales implica un serio avance sobre las libertades individuales. Además, extiende la condición de sospechoso sobre un universo indefinido. Peor aún, sin definir claramente cuáles son las razones por las que se vigila, con qué objetivo y, fundamentalmente, sin precisar el delito que se constituiría.

"Ciberpatrullaje es un concepto que no existe jurídicamente. Es un eufemismo para alivianarlo de lo que efectivamente es. Técnicamente, se conoce como inteligencia de fuente abierta. Es un procedimiento que implica recolección, tratamiento y construcción de información a partir de inteligencia. Pero la ley establece límites para hacerlo. Uno de esos límites es la expresión de las personas cuando hacen algo que no necesariamente es ilícito en su actividad lícita. Cualquier expresión vinculada a pertenencia social, política, religiosa, no es materia sobre la cual se pueda hacer inteligencia", subraya.

Al respecto, la especialista desestimó la homologación entre el ciberpatrullaje y las tareas de vigilancia y prevención que realizan efectivos en las calles. 

"Sí sería homologable a que, por ejemplo, estuviéramos con nuestro vecino paseando el perro y conversando en la plaza y el policía se parara a medio metro de distancia a tomar nota de nuestras conversaciones. Y luego, en función de esas conversaciones, nos enviara un allanamiento a nuestro domicilio. Esa práctica ya sería bastante reñida al estado de Derecho, porque estamos teniendo una conversación en el espacio público, pero ante un público limitado. Y las redes sociales también son limitadas", ilustra.

En ese marco, Busaniche remarca que estas prácticas pueden afectar seriamente la libertad de expresión, pilar de la vida democrática.

"Las fuerzas de seguridad no están preparadas para evaluar la legalidad o no de las expresiones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los especialistas son claros: los delitos de expresión deben ser trabajados desde el punto de vista de las responsabilidades ulteriores. La expresión per se no es necesariamente un delito, por eso está expresamente prohibida la censura previa", desgrana.

Por ello, "la expresión de este chico no constituye delito bajo ninguna figura típica del Código Penal argentino. Por lo tanto iniciarle causa penal, con un tipo penal como intimidación pública, es cuanto menos un abuso institucional por parte de la fiscalía y las fuerzas de seguridad".

Finalmente, aunque considera que la causa penal abierta no prosperará en la Justicia, las consecuencias del acto jurídico pueden ser gravosas para Kevin Guerra.

"El problema es que cuando te arman una causa penal de este tipo te arruinan la vida. Esta causa será cerrada y este chico sobreseído de todos los cargos, pero en cinco años, con suerte, pasando todas las instancias. Mirá el caso Smaldone: le allanaron el domicilio y le incautaron sus herramientas de trabajo en una causa que no soporta análisis sobre principio de legalidad. Y ha sido difamado por medios de comunicación de todo tipo, que ven en una imputación una declaración de culpabilidad", concluye.