El procedimiento de inteligencia de fuente abierta, más conocido como ciberpatrullaje, sigue concitando rechazo por parte de entidades que velan por los derechos individuales básicos. (Ver: "Es un abuso institucional por parte de la fiscalía y las fuerzas de seguridad")

Al cierre de la semana en curso expresaron formalmente sus críticas distintas organizaciones convocadas por el Ministerio de Seguridad para analizar una propuesta de protocolo que permita continuar con una tarea que actualmente se realiza bajo el paraguas de una resolución elaborada en 2018 por Patricia Bullrich, ex titular de la cartera .

A través de sendos documentos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y la Fundación Vía Libre, dos de las entidades sentadas a la mesa convocada por la ministra Sabrina Frederic, pidieron la derogación de la mencionada resolución al tiempo que requirieron cesar con la práctica, a la que enmarcan dentro de acciones de inteligencia ilegal.

En ese marco, solicitaron que las actividades de vigilancia de los diálogos que se dan en redes sociaes y demás entornos digitales se precisen a través de una ley que cuente con el necesario debate del Parlamento.

La Fundación Vía Libre y el ILSED elaboraron una respuesta conjunta al borrador de dicho protocolo, titulado Reglamento general para la realización de tareas de ciberpatrullaje por parte de las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación federales.

Dicho documento puede bajarse de la siguiente dirección.

Por su parte, el CELS publicó un documento en el que advierte que "los problemas de esta actuación se multiplicarán si se avanza con el proyecto de protocolo en estudio que no sólo limita la intervención policial sino que la amplía".

Además, destaca que las tareas de ciberpatrullaje no deben ser consideradas dentro de la prevención del delito, sino dentro de la inteligencia criminal.

Eufemismo

"El ciberpatrullaje es un eufemismo para tareas de inteligencia ilegales. Es tarea de inteligencia porque lo que hacen es monitorear redes sociales, analizando y recopilando información. Y es ilegal porque no está atada a ninguna hipótesis criminal. El marco legal exige que la intervención de las fuerzas de seguridad, en la investigación y la prevención de delitos, tiene que estar siempre atado a una hipótesis delictiva concreta", explicó Federico Efron, integrante del CELS.

En diálogo con Crónica del Mediodía el abogado destacó que el nuevo proyecto que impulsa la ministra Frederic no mantiene siquiera algunos límites que sí contemplaba el decreto de 2018.

"Aquel decreto habilita el ciberpatrullaje, sin controles o límites, pero para un listado cerrado de delitos. O sea, no para cualquier delito. El protocolo que impulsa el actual gobierno, que intenta establecer límites y definir legalmente lo que se está haciendo tiene un problema serio: no mantiene un listado cerrado de delitos. O sea, se habilitaría para todos los delitos", añadió.

Una rápida analogía vincula la reflexión con el caso de Kevin Guerra, el joven imputado por un tuit en el que menciona la palabra saqueo.

"Si así ocurre vamos a seguir teniendo casos de gente tuiteando, posteando en Facebook, compartiendo memes, imputada por instigación a cometer delitos o por intimidación pública. Por eso hay que derogar el decreto de Bullrich y por eso no se tiene que sancionar el protocolo", concluyó Efron.

Federico Efron del CELS sobre el protocolo de ciberpatrullaje by cba24n.com.ar