Córdoba tiene más policías y más detenidos pero no logra frenar los robos

En los últimos diez años, Córdoba aumentó la cantidad de policías en las calles y prácticamente duplicó la población carcelaria, pero no logró controlar la inseguridad. La provincia tiene una tasa de 1.712 robos por cada 100 mil personas. Un índice 63% superior a la media nacional.  

“Hay que preguntarse entonces si la propuesta es producir más detenidos o reducir el crecimiento del delito. Si la respuesta es lo segundo, urge cambiar el rumbo”, se pregunta un diagnóstico sobre las políticas de seguridad de la última década en Córdoba, que lleva la firma de la doctora Valeria Plaza. El informe “seguridad e inseguridad en Córdoba 2010-2020” al que accedió www.cba24n.com.ar estará disponible mañana en la pagina oficial del grupo Cañada, un espacio integrado por docentes e investigadores que proponen insumos para el diseño de políticas públicas. 

Los datos analizados llegan hasta finales de 2019 y parten de diversas fuentes. Según esos números Córdoba tiene 22 mil agentes; uno cada 625 habitantes tal como recomiendan los organismos internacionales. El pico se dio 2011 cuando fueron contratados nueve mil nuevos agentes, un 47% mas. Pero el crecimiento cuantitativo del personal, asegura Plaza, “no está acompañado necesariamente de mejoras en las condiciones laborales”. 

La población carcelaria superó las 9600 personas en febrero 2019. Sólo en 2015 había 6400 presos en el sistema penitenciario provincial, es decir que creció a un ritmo de mil por año. Esos números fueron expuestos por el entonces ministro de Justicia Martín Farfán, cuando fue llamado a dar explicaciones a la Unicameral tras las muertes ocurridas en el EP3 de Mujeres de Bouwer.  

Sin embargo, los índices de robos se mantienen estables y ubican a Córdoba en el tercer lugar de los distritos más inseguros, después de Neuquén y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta cifra surge del informe publicado a fines de 2020 por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a partir de las denuncias de las víctimas. Solo en 2019, se denunciaron 197.460 hechos delictivos, más de la mitad fueron atentados contra la propiedad. Eso sin tener en cuenta la cifra negra delictiva que, por distintos motivos, no llegan a denunciarse. 

La comparación anual demuestra que los robos aumentan en Córdoba desde hace cuatro años y hoy se mantiene en un índice similar al de hace una década. Si el objetivo es reducirlos, Plaza recomienda “implementar otras políticas preventivas”. La especialista en seguridad es enfática: “No se puede seguir apelando sólo a la privación de la libertad, ya que esto se presenta por un lado como ineficiente y por otro, resulta muy costoso tanto en términos económicos como en vulneración de derechos”. 

Otros indicadores

En e informe hay otros dos indicadores (aparte de cantidad de policías, población carcelaria y  tasa de robos). Uno es “homicidios dolosos”, en el que Córdoba muestra una tasa inferior a la nacional:  3.5 cada 100 mil habitantes y una tendencia descendente desde 2013, cuando llegó a 7.5 crímenes cada 100 mil personas. 

El quinto indicador es “detenciones y otras prácticas policiales''. Durante años, las detenciones contravencionales y el hostigamiento policial a varones jóvenes de barrios populares fueron una constante, una cara de la violencia institucional naturalizada. 

Per las detenciones contravencionales sufrieron una disminución abrupta con el reemplazo del Código de Faltas por el Código de Convivencia Ciudadana. “Si bien ha sido difícil acceder a datos públicos fiables”, aclara el informe, “distintas fuentes señalan que al comenzar la década en 2010, habían sucedido 37.000 detenciones contravencionales; al año siguiente, 42.000. A partir de 2016, comienza su disminución”. 

El diagnóstico advierte que el nuevo Código de Convivencia genera “extensión punitiva”, es decir nuevas situaciones de roce con los agentes policiales que antes no estaban tipificados, como por ejemplo el artículo 111 que prohíbe transitar sin “documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos”. 

Malas prácticas 

No hay datos históricos de apremios ilegales, pero a partir de cifras provistas por el Poder Judicial se pueden detectar, entre 2013 a 2019, 122 empleados policiales imputados por hechos de tortura y malos tratos, entre los que se destacan 21 hechos en el espacio público, 16 en dependencia policiales y dos en móviles policiales

Hay un promedio de 10 homicidios cometidos por efectivos policiales desde 2010. El informe registra un cambió la modalidad. en el "gatillo "fácil". En comparación las décadas anteriores, los casos se desplazaron desde los lugares de encierro a la calle, del interior de la provincia a la capital y, sobre todo, los autores dejaron de ser efectivos “de civil”, es decir trabajadores que en sus días de descanso usaban su arma reglamentaria, a ser “agentes en servicio”, uniformados.

Solo dos ejemplos dan cuenta de esto: Valentino Blas Correas y Joaquín Correa, dos chicos de de 18 y 15 años asesinados en distintas circunstancia el año pasado, mientras la policía "hacia cumplir" las restricciones de circulación dictadas por la pandemia. 

Cambios no tan efectivos

Algunas políticas públicas tomadas en los últimos años son muy novedosas, como las modificaciones contravencionales o la creación del Consejo de Política Criminal y Gestión de las Fuerzas de Seguridad o la nueva estructura policial comandada por primera vez por una mujer, como Liliana Rita Zarate, que anunció como primera medida la ampliación de la formación de los agentes. No obstante, a la luz de las cifras, “se presentan como insuficientes o parciales”, dice Plaza.