Integrantes de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) presentaron una denuncia penal contra la jueza de feria Marta Aucar de Trotti, quien había suspendido la aplicación de la Ley 27.610, de Interrupción Legal del Embarazo, en Chaco.

La acusan de "prevaricato", situación en la que un magistrado o una autoridad toma una decisión arbitraria o hace mal uso de sus facultades. La presentación se realizó en Resistencia, ante la fiscalía de turno.

Los argumentos de la presentación son varios, entre los cuales se encuentra que la jueza se atribuyó funciones que no le corresponden, ya que una Ley de carácter federal aprobada en el Congreso no puede ser suspendida por una jueza de feria provincial.

Por otro lado, las denunciantes plantean que "la cautelar fue concedida sin que la jueza evaluara y determinara la 'legitimación activa' de quienes se presentaron y la requirieron. O sea, corroborar que quienes presentaron la cautelar con la IVE representen a todo el pueblo chaqueño.

El gobernador Jorge Capitanich ya había advertido que su provincia debe “ejecutar una ley que se sancionó por parte del Congreso y que es de orden público”. La IVE “es ley suprema de la Nación, de manera que cuando es ley de la Nación hay competencia federal y aplicación” y “las leyes deben ser cumplidas”, añadió.

Con información de Página 12