El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) realizó una protesta en el centro de Córdoba exigiendo la liberación de dos de las mujeres detenidas en el desalojo de la semana pasada en barrio Ampliación Ferreyra.

En el puente Centenario, donde inició la convocatoria, la Policía hizo un cordón con vallas para que la manifestación ocupe media calzada del puente. A partir de las 10 de la mañana, los manifestantes se movilizaron por avenida General Paz hasta el Patio Olmos y después hubo una olla popular en Tribunales II.

Durante la concentración, referentes del FIT en Córdoba repudiaron la aprehensión de las detenidas Karen Altamirano y Marina Rivadero, y apuntaron contra la legalidad del proceso.

El titular del Partido Obrero (PO), Emanuel Berardo, dijo a Canal 10: "Legalmente deberían haber salido hace dos días por lo menos. El fiscal Casas está ensañado y mantiene a estas dos compañeras detenidas ilegalmente luego de un desalojo que también era ilegal. Para ir en busca de dos personas para indagarlas no se necesitan las topadoras, y durante cinco días el fiscal Casas ha privado de la libertad a estas compañeras, no les ha dado la posibilidad de defenderse y tampoco las ha indagado".

Por ello, el dirigente interpretó que hay un ensañamiento con las detenidas "para darle un mensaje al conjunto de las familias que no tienen trabajo, que no tienen vivienda y que se ven forzadas a esta situación, de que si van a ocupar un terreno para poder vivir van a ser procesadas, judicializadas y violentadas".

Soledad Díaz García, legisladora del FIT-PO, detenida durante el desalojo y luego liberada, agregó que en la vía institucional se presentó en la Legislatura un proyecto de resolución y un pedido de informe al ministerio de Seguridad. Asimismo, se presentará "un informe exhaustivo de la violación de los derechos humanos ante la oficina de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia", luego de la firma de diversas organizaciones de Derechos Humanos.  

"Estamos llevando hasta la última instancia los mecanismos que tenemos institucional y judicialmente para que se tome en cuenta esta violación a los derechos que ejerce este fiscal con un claro intento aleccionador. Es un ensañamiento particular hacia las mujeres que son las protagonistas de las ocupaciones", afirmó Díaz García.

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Una legisladora y siete personas más fueron detenidas en un desalojo

Por otro lado, Jorge Navarro, abogado del PO y también detenido durante el desalojo de la toma, aseguró que el fiscal Casas "ordenó la captura de estas compañeras en forma ilegal" y que su detención "fue un castigo a la ocupación y las mantiene en contra de toda la normativa del Código Penal, de la Constitución Nacional, de los pactos y tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y se aplican en Córdoba, que dicen que cualquier persona sin antecedentes, que tienen la planilla prontuarial limpia, que son mujeres con hijos a cargo, tienen que quedar liberadas".

El letrado agregó que se realizaron tres presentaciones ante la fiscalía y que Casas respondió solamente una. "Dijo vagamente que las compañeras estarían entorpeciendo la investigación. Nosotros nos preguntamos qué investigación se puede entorpecer si nunca se les dio el derecho a la defensa a los ocupantes", expresó.

A su vez, Laura Vilches, concejala del FIT - Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), afirmó que este desalojo debe enmarcarse en la situación nacional. En el caso de la toma de Guernica en Buenos Aires, "hemos visto cómo el mensaje fue topadoras, balas de goma y represión", dijo.

"Cuando nosotros exigimos que no se pague la deuda es para que ese dinero vaya a viviendas. Estamos hablando de dar una solución al déficit habitacional que hay a nivel nacional y a nivel provincial. Cuando deciden pagar la deuda y no destinar esos recursos a vivienda, la respuesta va a ser esta. Hay una criminalización y una penalización de esa acción. Los más de 4.416 barrios registrados por el Renabap han sido resultado de ocupación, porque es el lugar y el modo en que las familias populares pueden acceder a la vivienda. El mensaje es que las familias tienen que vivir abajo de un puente y si no, serán apaleadas", adujo.

En tanto, Cintia Frencia, dirigente en Córdoba del FIT - PO y concejala suplente, afirmó que hace más de diez años en esta ciudad está aprobado el Banco de Tierras y que aún no está operativo. "Hay responsabilidades directas de los intendentes, en particularidad de Llaryora y de Mestre antes, y también de la Gobernación. Hay mecanismos para darle solución al problema de la vivienda, sin embargo eligen preservar los intereses de los especuladores inmobiliarios en detrimento de las familias", argumentó.

Y agregó que los terrenos ocupados y luego desalojados en Ampliación Ferreyra "estaban abandonados, contaminados y ahora que las familias construyeron un techo se acordaron que tenían un supuesto dueño que ni siquiera paga los impuestos. Entonces acá hay responsables políticos y los hacemos cargo de esta situación que sufren las familias", concluyó.