La justicia cordobesa admitió la demanda de la asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) y, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, decidió que el Hospital Privado deberá atender a los afiliados que transfirió en 2011 a la Obra Social de Petroleros (Ospe).

Unas 32 mil personas se vieron afectadas por la baja del plan de salud del Hospital Privado en aquel año. El nosocomio invitó a los afiliados a adherirse voluntariamente a Ospe, con la promesa de que seguirían con las mismas prestaciones y la misma cobertura que tenían, cosa que un 75 por ciento de los usuarios aceptó.

Pero en el año 2017, el Hospital Privado cortó el servicio a Ospe. Los afiliados podrían mantener la cobertura si se incorporaban a un plan que costaba tres veces más de lo que pagaban de cuota, lo que provocó que muchos usuarios (la mayoría de edad avanzada) se quedaran sin la prestación médica del hospital.

El juez a cargo de la causa, Eduardo Benito Bruera, resolvió recientemente la admisión de la demanda contra el Hospital Privado y dictaminó que esos afiliados deberán ser atendidos por el nosocomio, hasta tanto se resuelva el juicio.

El director de UCU, Exequiel Vergara, dijo a Radio Universidad que la medida "no es un fallo definitivo, sino la admisión de la demanda y de la medida cautelar que solicitó la asociación hace un año y medio" y que, de ser apelada, debería resolverse en la Cámara correspondiente.

Mientras tanto, las personas afectadas "volverán a tener la atención que no deberían haber perdido", afirmó. Y recordó que el accionar del hospital "fue abrupto, de un día para el otro finalizó el servicio a todos los usuarios sin mandar una carta documento ni un mail".

Por otro lado, Vergara sugirió que los usuarios llamen a Ospe para consultar acerca de esta medida cautelar y en cuanto la resolución llegue al Hospital Privado, podrán ser atendidos.