Por Marcelo Taborda*

“La idea de que Argentina es un crisol de razas es un mito que se origina en el hecho de que a fines del siglo XIX y principios del XX se promovió la inmigración de personas provenientes de Europa, con el objeto de ‘modernizar’ al país y ‘blanquear’ a su población. Las puertas estaban abiertas, pero las poblaciones que arribaron no cumplían con las expectativas ya que eran sectores subalternos de algunos países europeos como España e Italia. En aquel momento, esas personas fueron discriminadas, pero sus descendientes se incorporaron a la sociedad local y lograron una movilidad social ascendente”, afirma Cynthia Pizarro, doctora en Antropología, docente universitaria e investigadora independiente del  Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet).

En su opinión, frente a las migraciones ‘no deseadas’ de países limítrofes se dice que Argentina es un país ‘demasiado generoso’. Y amplía: “Estos migrantes son sospechados y acusados de poner en peligro no sólo el acceso al trabajo y a los derechos sociales que garantiza el Estado, sino también la identidad nacional”.

También para Marta Guerreño, titular de la Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba (UCIC), existen diferentes varas para medir el trato a los migrantes en Argentina. “Hay mucha diferencia entre quienes llegamos en bus, auto o tren y los que llegan en aviones. Hay categorizaciones muy marcadas entre la discriminación de los migrantes europeos y los latinoamericanos”, dice.

Médica graduada en la Universidad Nacional de Córdoba, ciudad a la que llegó de su Paraguay natal, Guerreño citó como ejemplo los resultados de la primera Encuesta de la Red de Investigaciones en Derechos Humanos del Conicet, que este medio reflejó en esta nota.

Agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en relación al Proyecto (In)movilidad en las Américas, arrojó en otro estudio, que también recogió este medio,  que en 2019 había en Argentina 2.212.879 migrantes, casi el cinco por ciento de la población total del país. Sobre ese universo, el 31,22 por ciento eran migrantes provenientes de Paraguay (690.948 en total), y, en segundo lugar, con un 19,27 por ciento, aparecían las 426.394 personas llegadas de Bolivia. Más atrás se ubicaban los inmigrantes chilenos (216.855), y los peruanos (198.744).

Golpe bajo

Son muchos los lazos que unen a Córdoba con Bolivia. Hugo Siles del Prado estudió en la Universidad Católica de Córdoba y fue ministro de Autonomías durante el gobierno de Evo Morales. Desde Santa Cruz de la Sierra habló extensamente con REDACCIÓN MAYO sobre el escándalo que estalló por el envío de pertrechos y municiones a La Paz, en medio del Golpe de Estado contra Evo.

El diálogo completo se puede escuchar en el Podcast, pero en lo sustancial declaró: “En algún momento la historia tendrá que sancionar o reconocer qué ha pasado en cuanto la participación del gobierno del expresidente (Mauricio) Macri en los días tan complicados que vivió Bolivia y su democracia,  con el rompimiento de un gobierno constitucional como el del presidente Evo Morales”.

“Esto se agravaría si se determinara que con ese material las fuerzas de seguridad en Bolivia hicieron represión militar y policial con el saldo lamentable de 37 muertos en las poblaciones de Sacaba, Senkata, Pedregal y otras localidades”, sostuvo el exministro y politólogo.

Pese a todo, Siles confía en que la hermandad entre ambos pueblos está más allá de la conducta adoptada por quien encabezaba el gobierno argentino saliente en noviembre de 2019. El capítulo es todavía una polémica abierta.

Etiquetas diferentes

Mientras los poderes judiciales de ambas naciones analizan las implicancias del caso, la pandemia desnuda estigmas y diferencias. ¿Pero quién define esas etiquetas que marcan la relación del país con los migrantes?

 “Existen distintas categorías de migrantes que se insertan en la sociedad de manera diferencial, de acuerdo a las características raciales-culturales que se les asignan; otro marcador diferencial es el de la clase social y región/país del que provienen. También hay que tener en cuenta que existen distintas formas de discriminación según la región de Argentina de la que se trate. Las etiquetas han sido construidas a lo largo de un proceso histórico de clasificación de la otredad, y las definiciones son parte del sentido común internalizado. No hay muchas posibilidades de neutralizar esas etiquetas porque son operativas, es decir, son afirmaciones que, al no ser cuestionadas porque se las da por sentado, evitan problematizar el statu quo”, explica Cynthia Pizarro.

La antropóloga destaca que ya existía movilidad entre ambos territorios antes de que se estableciera la frontera y ésta continuó en la misma proporción hasta ahora, pero recién fue visibilizada en la segunda mitad del siglo XX “debido a que las migraciones de altamar disminuyeron y a que algunxs bolivianxs se asentaron en las principales áreas metropolitanas del país: Buenos Aires, Mendoza, Córdoba”.

En su opinión, la discriminación que sufre la población proveniente del Altiplano se da en distintas formas de ejercer esa actitud xenófoba o estigmatizante según la región o las provincias argentinas en las que los migrantes bolivianos se establecieron.

“Con respecto a las metrópolis del centro del país: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, la xenofobia hunde sus raíces en las ideas de que lxs argentinxs descienden de lxs inmigrantes europexs y niegan la posibilidad de que lxs indígenxs sean sus ancestros, respaldados en la idea de que no habitaban pueblos originarios en la zona central de Argentina. La presencia de inmigrantes con rasgos fenotípicos indígenas constituye un fantasma que se pretende ignorar.  Distinto es el caso de las provincias del NOA, cuya población sí tiene rasgos fenotípicos similares a los de lxs bolivianxs. Allí la discriminación se funda en el no reconocimiento de la legitimidad del acceso de lxs migrantes a los derechos sociales, que por ley el Estado argentino debe garantizar”.

Decreto derogado

En casi todo el mundo, la criminalización o demonización de los extranjeros suele dar réditos en las urnas cuando existen altas tasas de desempleo o crisis económicas cuya responsabilidad se endilga al migrante como chivo expiatorio. En marzo pasado se derogó el decreto firmado por Mauricio Macri que había modificado en 2017 la Ley de Migraciones, propiciando las expulsiones de extranjeros acusados de cometer delitos. Desde algunos medios no se rescató el final de esas medidas persecutorias y se presentó el hecho como algo negativo.

“Los medios son un poderoso productor de sentido común que tergiversa la complejidad de la realidad. Aquellos que pujan por construir una sociedad más abierta tienen menor peso y alcance”, opinó Pizarro.

“La derogación del criminalizador decreto 70/2017 que vulneraba el derecho al debido proceso, a la defensa y el derecho a la unidad familiar de los migrantes, significó volver a la inclusiva ley 25.871 en su extensión total. Los migrantes volvimos sentirnos parte y nuestra lucha desde el 2017 tuvo frutos. Podemos decir que en la Argentina migrar volvió a ser un derecho humano desde el 4 de marzo”, dijo Marta Guerreño.

La vieja “normalidad”

La interminable pandemia del Coronavirus aún impacta en el planeta y en sus meses más funestos se ensañó en todas partes con los grupos de población más frágiles o precarizados. ¿Qué sucedió con los migrantes en Argentina?

En opinión de Pizarro, el Covid-19 impactó fuertemente en las comunidades inmigrantes, especialmente en los más pobres. “El mundo del trabajo informal, en el que se desempeña la mayoría, sufrió un gran embate con la suspensión de actividades durante las cuarentenas, dejando sin ingresos a muchas familias por mucho tiempo. Las condiciones de vivienda, tanto en ciudades como en áreas rurales, no favorecen las medidas preventivas ya que existe una alta tasa de hacinamiento y dificultad para sanitizar los ambientes, los alimentos y todo aquello que provenga del exterior. El uso de barbijos en determinados trabajos es difícil, también hay lugares de trabajo en donde hay un alto grado de hacinamiento. El acceso a los lugares en donde se realizan testeos/vacunas es caro e implica un día menos de trabajo”, amplió.

También se refirió a las dificultades de la infancia para continuar con su educación al remarcar las limitaciones de acceso a los medios tecnológicos, celulares, computadoras, conectividad. Por último, ante la pregunta sobre cómo imagina para los inmigrantes de países limítrofes que habitan Argentina la pospandemia o “nueva normalidad”, la antropóloga Pizarro concluyó: “No puedo responder, ya que no imagino cuál será la situación para lxs argentinos. No creo que haya muchos cambios con respecto a la anterior normalidad”.