El asesinato de Valentino Blas Correas, por el que hay dos integrantes de la Policía de Córdoba imputados por homicidio doblemente calificado, ha conmovido a la sociedad cordobesa.

Aunque en los últimos meses se produjeron otros hechos de violencia institucional cometidos por efectivos policiales, las características de este caso han despertado una reacción de mayor volumen, tanto en redes sociales como en las calles.

El trayecto del auto en que viajaba el joven, su paso por el centro de la ciudad, su pertenencia a un determinado sector socioeconómico, permiten marcar diferencias respecto de aquellos antecedentes, mayormente circunscriptos a sectores definidos como "populares".

"En Córdoba no podemos hablar de casos de violencia letal a diario. Sí hemos visto, en contexto de la pandemia, casos de supuestos enfrentamientos. Pero eso se presentaba así porque alguna de las víctimas tenía antecedentes, o por el barrio donde ocurría, para que todos se quedaran tranquilos, eso tenía que ver con un hecho de inseguridad. En esto caso es más difícil de presentar como eso", señala Valeria Plaza, abogada e investigadora del CONICET.

Por ello, la también docente y coordinadora del Programa Seguridad y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, pide una mirada integral para analizar lo sucedido con el joven de 17 años asesinado esta madrugada.

"La violencia letal aparece en los medios, muchas veces como un caso. Es importante pensar que esto no es un caso aislado, más allá de que termine con dos imputaciones", remarca.

"Hay actores sociales que tienen que aparecer con más fuerza en la provincia, no sólo el control político del Poder Ejecutivo. Sobre todo el control judicial sobre cada uno de los casos. Es muy importante el mensaje de no impunidad ante estas cuestiones, que además invisibilizan el buen trabajo que hacen muchos policías", amplía.

Ese trabajo de los representantes de las fuerzas de seguridad se ha resignificado desde que se dispusiera al aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco de las medidas para combatir el coronavirus. 

"En el contexto de pandemia, la garantía de no circulación está en manos policiales. Hemos visto que después de unos meses de esta nueva normalidad se agravaron los casos de violencia institucional. Más que en cantidad, decimos que se intensificaron. Preocupa que se haya hecho extensivo a otros sectores populares. Es un violencia que se hace cada vez más extensiva a otros sectores poblacionales", destaca Plaza.

"Es muy importante que se clarifique, que haya sanciones, pero también una reflexión colectiva sobre cuáles son las potestades policiales que tienen y que estamos dispuestos a tolerar", amplía la integrante de distintos colectivos contra la violencia institucional..

Dichas potestades, concluye, deben ser definidas por todos los actores sociales.

"Es importante pensar cómo intervienen los poderes del Estado en reducir las prácticas violentas. Quizás sea imposible eliminarlas en algunos casos, por eso hay protocolos de cómo y cuándo tiene que actuar con violencia la Policía. El caso de hoy da cuenta que se está pasando un límite. Ese límite se tiene que repensar y definir socialmente. No es algo que vaya a definir sólo la Policía o si el Poder Judicial le dice cómo hacer. Hay que construir buenos protocolos y una buena conciencia ciudadana", sentencia.