La Corte confirmó las condenas a exfuncionarios, empresarios y al maquinista
El máximo tribunal rechazó los planteos de queja de las defensas de los condenados por lo ocurrido en 2012.
La Corte Suprema de la Nación confirmó este jueves las condenas por el Choque de Once que incluyen entre otros al maquinista Marcos Córdoba, a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi cómo así también al empresario Claudio Cirigliano.
Los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti rechazaron los recursos de queja de las defensas de una veintena de condenados por el Tribunal Oral Federal N°2 cuyo dictamen fue revisado por la Cámara Federal de Casación Penal en el 2018.
El 22 de octubre de 2012 un ferrocarril de la línea Sarmiento chocó contra el andén de la estación del barrio de Once. En total murieron 52 personas y otras 789 resultaron heridas.
En diciembre de 2015 el tribunal conformado por los jueces Jorge Tassara, Jorge Gorini, y Rodrigo Giménez Uriburu condenó a los 21 acusados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo.
Tres años después de la Cámara de Casación redujo las penas para la mayoría de los implicados. Sin embargo en el caso de Jaime la elevó de cinco a siete por agregarle el delito de estrago culposo agravado que no había sido incluido en primera instancia.
En el caso de Jaime la Corte Suprema estableció que otra sala de Casación deberá revisar la condena por estrago culposo.
El máximo tribunal fundó su dictamen en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial que establece que la Corte "según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia".
Al margen quedó la situación judicial de Julio De Vido cuya condena a 5 años y 8 meses de prisión, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública se encuentra bajo análisis de la Casación.
Fuente: Ámbito - La Nación