"El Estado y la Justicia tienen una gran deuda con las víctimas de trata"
El fiscal federal Enrique Senestrari investiga la trata de personas en Córdoba. Pese a los avances en las leyes, asegura que el delito tomó formas más complejas de detectar.
El 30 de julio es el Día mundial de la lucha contra la trata de personas, que pone el foco en visibilizar que aún en 2020 hay personas que son privadas de su libertad, secuestradas y atormentadas con fines de explotación sexual o laboral.
Un caso emblemático en Argentina es el de Marita Verón, la joven tucumana desaparecida en 2002, que desató la lucha incansable de su madre Susana Trimarco. Según testigos, Verón fue secuestrada. Trimarco nunca pudo recuperar a su hija pero estableció un hito, porque logró que esta problemática se haga visible en todo el país.
De todos modos, aunque se haya progresado bastante en los últimos años, todavía queda mucho por hacer y muchas complicidades por derribar. La trata ya no es la de las whiskerías, ha mutado y se oculta de maneras más sofisticadas.
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Uno de los fiscales federales que más ha trabajado en esta cuestión es el doctor Enrique Senestrari, que investiga estos delitos desde 2008. "Ese año hacíamos allanamientos a prostíbulos del centro de Córdoba donde había un número importante de víctimas sometidas a prostitución, de gente que todavía está esperando tener un juicio, enriquecida de una manera importante y habiendo arruinado la vida de muchísimas mujeres".
"Eso marca el principio de lo que pasa en la Justicia con la trata. Doce años y todavía no hay una sentencia firme, que condene a los responsables y que le dé un resarcimiento a las víctimas que sean difíciles de ubicar y compensar todo lo que sufrieron", remarcó.
En ese momento, se dispuso que la recaudación del día del prostíbulo sirviera para asistir a las víctimas, que "no tenían ni siquiera dinero para volver a sus casas": "Esto fue motivo de denuncia, de inicio de investigaciones por colegas y por jueces, que le dieron algo de aceptación a la denuncia. Luego la cerraron, pero se llegó a ese punto, de denunciar a la Justicia por dar como resarcimiento aunque sea la recaudación del día a las víctimas de estos delitos", recordó el fiscal.
En la actualidad, el paradigma cambió. En un fallo de la justicia marplatense, se dispuso que "la prioridad absoluta en lo económico de un juicio por trata es para las víctimas y ordena su resarcimiento por todo el daño sufrido. Esa es una evolución importante en el sistema judicial", valoró.
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El fiscal realizó un balance de la cuestión de fondo. "No nos olvidemos que esto es de una gravísima violencia de género y violencia contra la mujer que se comete desde que el mundo es mundo, y lamentablemente aceptado durante muchísimos años. Hoy creo que es un poco más cuestionado, pero todavía no lo suficiente. Es importante que haya esa evolución", ponderó.
Sobrevivir a la explotación
Senestrari explicó que las personas sobrevivientes de trata tienen un camino difícil luego de escapar de esas redes. "Hay una deuda por parte del Estado, porque el grave problema que tenemos es que las víctimas de trata, una vez rescatadas, no ven un horizonte aceptable, no ven una luz adelante suyo que les permita pensar que hay una oportunidad de una vida mejor. Eso pasa sistemáticamente, no sólo con la trata sexual sino también con la trata laboral".
"Las personas rescatadas no ven un verdadero rescate en la actividad de la Justicia y el Estado, porque falta un seguimiento, faltan fondos asignados para que tengan oportunidades y esto hace que realmente sea una enorme deuda del Estado argentino", aseguró.
Qué pasa en Córdoba
El funcionario judicial dijo que con la sanción de la ley provincial 10.060 en 2012, "seguro con muy buena intención se cerraron todo lo que se conocía como whiskerías, bares nocturnos y demás. No se permitió más que funcionaran así porque eran una batalla para la trata sexual", inició.
La aplicación de esta ley, y la disminución en la cantidad de juicios de trata, no significa que la trata de personas haya cesado. "Esta actividad tuvo una mutación y ahora se hace de otros modos que a la Justicia le cuesta bastante más encontrar. Ya no son lugares de acceso público, sino departamentos e instalaciones clandestinas mucho menos visibles que antes".
Senestrari concluyó diciendo que habrá que revisar esta situación, para evaluar "si con nuevas leyes y gobiernos se pueden disponer medidas para que uno cuando va a esos procedimientos le pueda presentar una promesa de mejor vida a personas sometidas a una perversidad y una maldad tan inhumanas".