Barrera fue condenado a prisión en suspenso y a mantener un comedor solidario
La causa por intermediación financiera fraudulenta finalizó con tres personas absueltas y cuatro condenados.
El Tribunal Oral Federal 2 condenó este lunes 31 de mayo a 4 personas y absolvió a 3 en la causa "Bacar" por intermediación financiera fraudulenta.
Los imputados son integrantes de la familia Barrera y socios de las empresas Bacar Traca SRL, Blicen y Compañía Barrera.
Juan Carlos Barrera, Carlos Orlando Reartes e Iván Barrera, hijo de Juan Carlos, fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso y el pago de una multa de 3 millones de pesos.
Pablo Barrera recibió una pena de 2 años y seis meses de prisión y al pago de una multa de 20 millones de peso.
A su vez, los condenados deberán realizar tareas comunitarias. El fiscal federal Carlos Gonella adelantó que deberán crear y mantener un comedor comunitario para 80 personas por al menos un año.
Los cuatro condenados estarán inhabilitados para realizar actividades financiera por tres años.
José Luis Cabazza, Mariano Dan Barrera y Carlos Alejandro Reartes resultaron absueltos.
"Estamos conformes", afirmó el fiscal a Radio Universidad.
La causa
Los hechos que se le imputan a los acusados son diez, ocurridos entre 2008 y 2014. En todos ellos, la modalidad fue siempre la misma. De acuerdo a la acusación, en alguna de las tres firmas que integraban (BACAR Traca SRL, Compañía Barrera S.A.y Blicen S.A., todos ubicados en el barrio centro de Córdoba capital) persuadían a los clientes para que, bajo la figura simulada de un contrato de caja de seguridad, depositasen su dinero en la empresa a plazo a cambio del pago de intereses notoriamente más altos que los de las instituciones autorizadas por el Banco Central.
Tras haber captado los fondos, los siete imputados habrían desarrollado la actividad de intermediación financiera valiéndose de sus locales comerciales, que contaban con una zona de cajas de seguridad, otra de oficinas y una tesorería. Para la fiscalía, toda esta infraestructura excede los requerimientos que implica el alquiler de cajas de seguridad y permite sostener que esto era solo una pantalla de una actividad principal de intermediación financiera.
De acuerdo a la acusación formulada por la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari, la existencia de las cajas de seguridad, al margen de servirle como pantalla a la asociación ilícita, permitía atraer y captar valores para su resguardo y tentar a los locatarios a través del ofrecimiento de ganancias que podía redituar el depósito de dinero en efectivo a través de contratos de asistencia financiera. La diferencia porcentual de interés ofrecida por las tres firmas para aquellas personas que decidieran convenir los contratos de asistencia financiera o depósitos a plazo, tanto en pesos como en dólares, era notoriamente mayor en comparación con las tasas ofrecidas por los bancos autorizados por el BCRA: hasta del treinta por ciento anual en pesos, según el monto, y hasta del 18 por ciento en dólares, en comparación con las tasas regulares ofrecidas por entidades financieras autorizadas que, al momento de los hechos, eran entre un 30 y 50 por ciento menores.
Para el Ministerio Público Fiscal, los imputados desarrollaron actividades de intermediación financiera no autorizada agravada convirtiendo, en la práctica, las firmas a su cargo en una banca paralela y no regulada, atentando de esta manera contra el orden económico y financiero del Estado argentino. Los imputados publicitaban sus servicios tanto en sus locales, ubicados en un importante centro comercial de la ciudad de Córdoba y en plena zona financiera, como también a través de publicidades en distintos medios de comunicación.
Además, a través de la operatoria de descuento de cheques y de la caución de cheques en garantía, los imputados habrían instrumentado préstamos de dinero a terceros a través de una tasa de interés muy superior a la ofrecida por la banca autorizada. Así, según la acusación, lograron seducir a una cantidad indeterminada de personas para que depositaran a plazo sus ahorros para captar fondos que luego “colocaban” en el mercado por medio de préstamos, y también mediante remesas y giros al exterior.