La Fiscalía Federal Nº1 de Córdoba ordenó un total de 36 allanamientos y la acusación por asociación ilícita, contrabando y lavado de activos a más de 40 personas. Se trató de una investigación desarrollada entre la Aduana y la DGI.

Enrique Senestrari, fiscal a cargo de la causa, explicó de qué se trataba la maniobra de evasión:

“Declaraban por debajo del precio real las ventas que hacían al extranjero, para quedarse con la cobranza del monto real y no ingresarlo al país, lo que significa una fuga de divisas”.

Los allanamientos se realizaron en cuatro provincias: 15 en Córdoba, 14 en Misiones, seis en Mendoza y uno en Buenos Aires. Allí detuvieron a tres personas e incautaron armas, 4 millones de pesos, 32.000 dólares, computadoras y teléfonos celulares.

Además, la maniobra aparentemente contaba con fuerzas federales de seguridad, que garantizaban que el procedimiento se realizara con éxito.