El pasado lunes, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional decidió suspender provisoriamente la aplicación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. (Ver: El Gobierno suspendió la aplicación de la ley de Economía del Conocimiento)

Por un tiempo aún no precisado, se pone freno a la recepción y análisis de las solicitudes de adhesión al dicho régimen "hasta el momento en que sea dictada la normativa complementaria correspondiente".

La medida causó preocupación en distintos sectores productivos. En particular a la industria del software, cuyo crecimiento en dimensión (es el tercer sector exportador del país, con una proyección de 15 mil millones de dólares en tres años) se logró al amparo de un régimen de promoción vigente hasta el 31 de diciembre pasado.

Aunque confían en que de una u otra manera mantendrán los beneficios fiscales, exenciones impositivas y estabilidad fiscal que garantiza la ley 27506, esperan una resolución en plazos cercanos pues desde el 1 de enero pasado se encuentran sin beneficio alguno.

En rigor, las empresas del sector gozaban de una adhesión inmediata al nuevo régimen, a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley (el primer día hábil del año), con un plazo de seis meses para completar los trámites administrativos.

Sin embargo, la suspensión de la aplicación incluyó la disolución del ente encargado de recibir y procesar las adhesiones. Por ende, la ley ha quedado como “letra muerta”.

Desde el gobierno nacional han dirigido mensajes muy claros al sector. “Que se queden tranquilos. El sector del software va a seguir gozando de las exenciones y beneficios. Y todo lo que resolvamos tendrá carácter retroactivo al 1º de enero”, señaló Pablo Carro, diputado nacional por Córdoba por el Frente de Todos.

Cervecerías artesanales

Desde el oficialismo remarcan tres razones para la suspensión de la normativa: la laxitud en la definición de las actividades comprendidas por el régimen, aspecto que ha permitido el ingreso de actividades que hacen mero uso formal de la tecnología; la ausencia de escalas para la aplicación de concesiones; una subestimación del costo fiscal que implican las medidas.

Valga recordar, la nueva norma incluyó a sectores como producción y postproducción audiovisual; biotecnología; biología; ingeniería genética; neurotecnología, geología; exportación de servicios profesionales; nanotecnología y nanociencia; tecnología aeroespacial y satelital; ingeniería para la industria nuclear; inteligencia artificial; robótica; internet de las cosas; investigación y desarrollo experimental en ingeniería; ciencias exactas y naturales; ciencias agropecuarias y ciencias médicas.

Las empresas podrán acceder a los beneficios sí, sólo sí, al menos el 70% de su facturación anual se genera a través de alguna de las actividades antes mencionadas, indica la letra.

“Son los mismos aspectos que señalamos el año pasado cuando debatimos la ley. Nosotros aprobamos en general la norma para luego discutir el articulado, pero no nos hicieron caso”, añade Carro, integrante de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados.

“Por un lado se metieron por la ventana actores que poco tienen que ver con el espíritu de la ley, que era asistir a las pymes. ¿Qué tiene que ver la exportación de servicios profesionales? ¿Por qué quiere ingresar una empresa que sólo usa tecnología para mejorar un proceso interno? La idea era promover desarrollos autónomos”, apunta el docente universitario.

Sobre la laxitud de la norma cita un ejemplo: entre las solicitudes de adhesión se destacan emprendimientos como cervecerías artesanales que justificaban la necesidad de “un software específico”.

“Es un texto muy amplio. Habla de ciencias, no de industrias. Además faculta al Poder Ejecutivo para ampliar o disminuir el rango de actividades que pueden gozar de los beneficios. A eso hay que emprolijarlo”, señala Segundo Carranza Torres, abogado especialista en la materia.

“Si te ponés a hilar fino, casi no hay empresas que no puedan entrar al régimen, de una u otra manera. Es cuestión de buscarle la vuelta. Claro, así nadie pagaría los impuestos correspondientes”, amplía, en off the record, un especialista en ciencias contables.

Sobre las escalas hay una coincidencia generalizada entre los distintos actores: no puede aplicarse una misma referencia para una pequeña desarrolladora que para “gigantes” como Mercado Libre, IBM o Accenture.

La grave crisis económica cierra el análisis. “Nos dejaron un desastre. Necesitamos recaudar para poder poner en marcha la economía. Y le tenemos que recaudar más a los que más tienen”, señalan fuentes cercanas al ministerio de Producción.

“Cuando se aprobó la ley nos dijeron que el costo fiscal sería de 8 mil millones de pesos. Pero con los números dibujados con que siempre se manejaron. El fin de año nos encontró con 55 por ciento de inflación y un dólar a 60 pesos, muy lejos de lo que ellos preveían”, sentencian

La misma opacidad señalan sobre los fondos destinados al emprendedorismo. “Hay partidas específicas pero con la misma laxitud. Nosotros apoyamos a los emprendedores, pero no podemos permitir que no sean transparentes los fondos”, afirman.

Dos vías

La resolución de la situación puede adoptar dos formas: una nueva reglamentación a través de un decreto o la elaboración de una nueva ley.

La primera vía aparece como inmediata, atendiendo urgencias de los actores, aunque no permitiría corregir algunas de las situaciones observadas. La segunda sería la redacción y aprobación de una nueva ley, trámite que insumiría no menos de un mes, considerando los tiempos legislativos.

Aunque más extensa, esta opción garantizaría una resolución completa de los aspectos cuestionados a la ley 27506. Así lo asumen desde el Frente de Todos. “No queremos hacer las cosas de modo desprolijo. Queremos una norma que garantice seguridad en adelante, con los actores realmente involucrados”, asegura Carro.

“Sería muy difícil una nueva regulación sin vulnerar lo ya legislado. Lo más inteligente sería cambiar la ley. Este régimen de promoción es un contrato con el Estado, por lo que hay muchas cuestiones que atender”, indica Carranza Torres.

Sobre posibles reclamos futuros, el abogado aclara que por el momento no hay derechos subjetivos afectados, aunque sí se puede hablar de intereses legítimos afectados.

“En realidad no debería haber empresas inscriptas, más allá de las del software, porque nunca estuvo operativo el trámite para ingresar al régimen. Por eso no hay mucho que reclamar en términos de derechos subjetivos. Sí podés hablar de interés legítimo afectado. Las empresas pueden decir: “ordené mis cosas, acomodé procesos, realicé inversiones en I + D y ahora me dejan colgada”. Esa es la ventana por la que se pueden colar reclamos”, explica el abogado.

En Buenos Aires, empresas como Mercado Libre han adelantado que se preparan para un escenario de conflicto, descontando que la futura regulación no les reconocerá algunos beneficios que la ley 27506 sí contemplaba.

En Córdoba, por el momento mantienen un voto por el optimismo.

“Creemos que el Gobierno irá por una nueva ley: las correcciones que quieren así lo requieren. Queremos creer que habrá retroactividad y se mantendrán las consideraciones para nuestro sector, que es un motor de la economía. Eso nos han dicho y elegimos creer. Pero no nos podemos confiar. Discutimos por años una nueva ley, se aprobó, pero ahora no rige”, indican desde el Córdoba Technology Cluster.

Fondo universitario

El debate por una nueva ley no sólo apuntaría a dotar de precisión los alcances del régimen de beneficios. También habilitaría la posibilidad de incluir aspectos que la 27506 no contempla. Entre ellos un fondo para las casas de estudio donde se forman los futuros profesionales.

“El tema de los recursos humanos es crítico. Tenemos que cuidar los que tenemos, que son de excelencia, y seguir formando en este entorno de permanente cambio. La actual ley no contempla nada de ello. Muchos detalles parecen pensados para satisfacer demandas del mercado y mirando al exterior”, explica Carro.

“Con la ley como herramienta debemos destinar fondos para las universidades. Fondos para estimular a que los estudiantes completen sus ciclos y carreras en nuestras casas de estudio. Aprovecharlos nosotros para un desarrollo autónomo. Esta inquietud me han planteado algunas facultades y voy a volver a exponerla, como el año pasado”, afirma el diputado cordobés.

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