Desde Abuelas de Plaza de Mayo en adelante lo habían anticipado, cuando trascendió un borrador: y este miércoles, vía decreto, el gobierno nacional dispuso el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños durante la última dictadura militar, que funcionaba desde junio de 2004, y conformaba la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).

El cambio de época sigue su camino en el país.

Se trata del departamento que asistía a jueces y fiscales en casos vinculados a la restitución de identidad de personas apropiadas durante la dictadura cívico-militar, y a investigaciones conexas que se podían desprender de los expedientes principales.

El principal argumento del gobierno nacional para determinar su fin tiene el origen a que tenía la facultad de “efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal (MPF)” y el acceso a documentos oficiales.

Por eso la norma, que lleva la firma del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, alega que esta Ley “violenta el régimen constitucional”.

El decreto 730/2024 cita, en estos términos, el fallo de la Corte Suprema de Justicia “Ángel Estrada y Cía. S.A.”.

Los organismos de Derechos Humanos ya hicieron saber que la decisión “ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado”.