Ley de alquileres: plantean contratos por 2 años y actualizaciones más seguidas

El miércoles por la tarde se llevó adelante un nuevo debate para modificar la fallida Ley  27.551 (de Alquileres) aprobada el pasado 30 de junio de 2020, ya que no dio resultado ni para inquilinos ni para propietarios.

La oposición expuso distintas propuestas con vistas a la reforma que el oficialismo planteó realizar: una de las principales, es que el plazo de alquiler vuelva a ser de dos años, y no tres, como actualmente, y la segunda, es que las subas de las rentas sean pautadas por las propias partes, de acuerdo a la oferta y la demanda, sin tope.

Ver: Ley de alquileres: convocan a un plenario para debatir la reforma

Respecto a las actualizaciones, los referentes de Juntos por el Cambio, Provincias Unidas y el Interbloque Federal plantearon que se hagan entre los tres y 12 meses. 

Según la oposición, para el aumento de los alquileres se deberían tomar como referencia los siguientes índices: el de Precios al Consumidor (IPC), el de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS), todos ellos elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

A la vez, los tres frentes opositores plantean que haya incentivos fiscales, con el fin de que más propietarios pongan en el mercado sus viviendas para alquilar. Uno de ellos es la exención del pago de Bienes Personales, para aquellos que estén declarando los contratos de alquiler, siempre y cuando el valor del inmueble no supere los $30 millones.

También se contempla una reforma del monotributo, para aquellos que cuenten con hasta tres viviendas en alquiler, no tengan que registrarse en el régimen general.

Respecto de la rescisión anticipada del contrato por parte del inquilino, sólo se podrá hacer si pasaron seis meses del convenio acordado.

Qué propone el oficialismo 

Por su parte, desde el Frente de Todos, plantea mantener el plazo de 3 años, como el que se encuentra vigente, con una actualización anual del precio del alquiler, que surgiría del cálculo de salarios a través del RIPTE (la remuneración promedio de empleados sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino) y a la inflación del IPC.

Los propietarios seguirían pagando los impuestos del inmueble, pero con incentivos fiscales a definir.

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