La Secretaría de Trabajo de la Nación publicó los datos oficiales sobre los salarios registrados en Argentina del mes de enero, los que sufrieron una caída del 22,2 por ciento con respecto al mismo mes del año 2023, el peor registro desde el año 2003, cuando aún se sentían los efectos de la terrible crisis económica, social y política de 2001.

Son datos del índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), un indicador salarial que se utiliza como base de cálculo para la fórmula de movilidad jubilatoria y para las indemnizaciones por accidentes laborales.

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Los datos oficiales señalan que el salario de bolsillo equivale a alrededor de $460.000, un 23 por ciento por debajo del costo de la canasta básica total para un hogar tipo de cuatro integrantes (que en enero fue de $596.823), que marca la línea de pobreza.

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Los datos también explican el traslado de la situación al resto de la economía, con una caída pronunciada del consumo y la producción, lo que comienza a encender las alarmas ante la posibilidad de caída de puestos de trabajo, situación que ya comenzó a evidenciarse en muchas actividades, con despidos, retiros voluntarios y otras formas de recorte laboral.

El impacto de la devaluación de casi el 120 por ciento en diciembre, con el consecuente traslado a los precios, llevó la inflación durante ese mes del 25 por ciento, a la que se le sumó otro 20 por ciento en enero, mientras se espera que la de febrero ronde el 15 por ciento.

De esta manera, durante los primeros tres meses del gobierno de Milei, la inflación superará el 60 por ciento, muy por encima de los aumentos salariales conseguido por la mayoría de los trabajadores registrados y no registrados. En ese sentido, la peor parte se la llevan las jubilaciones, otro dato que profundiza aún más el escenario recesivo.

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Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), “un jubilado con la mínima va a terminar marzo con una pérdida de poder adquisitivo del 43% respecto al mismo periodo del año 2023”.

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Esta situación y las subas desmedidas en precios de alimentos, combustibles, prepagas, colegios privados, impuestos y servicios, entre otros, explican las caídas generalizadas en todo el aparato productivo nacional.

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Las ventas minoristas Pymes registraron una caída del 25 por ciento, del casi el 18 por ciento en la industria, el 21,7 por ciento de la construcción, el patentamiento de motos con un 13,7 por ciento interanual y el de autos en un 18,7 ciento, la fabricación de vehículos (19%), la venta de insumos para la construcción según el Índice Construya (29%) y la recaudación de IVA DGI (12,6%).

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Todo ello seguramente generará un impacto en la caída de la recaudación tributaria nacional, situación que podría empeorar el déficit fiscal.