El Fiscal de Instrucción del Distrito I turno 2, Guillermo González, ordenó la prisión preventiva de carácter temporal (60 días), contra los siete imputados por asociación ilícita en la causa de los Bomberos, en la que se investiga la confección de certificados de habilitación de Bomberos truchos destinados a grandes superficies comerciales en la ciudad de Córdoba y Villa Carlos Paz.

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Según se informó de manera oficial, en la resolución de 162 páginas, el fiscal dictó la medida contra Julio Zarate, un Bombero retirado, a quien sindicó como el jefe de la organización delictiva, y de Eduardo Arturo Rivadero, Marcos Fernando Luquez,  también Bomberos; José Leonardo Gorocito (policía y chofer de Jefatura); Roque Javier Olmedo (mandatario de Cyre S.A), Mario Javier García y Félix Rafael Calama (ingenieros en Higiene y Seguridad), como integrantes de la banda.

El comunicado destaca que “se ha podido demostrar (en un trabajo conjunto y exhaustivo con la Unidad Judicial de Delitos Económicos a cargo de la Dra. Carolina Carranza, y Pablo Bazán y el equipo de trabajo de dicha dependencia) que la mencionada organización delictiva, probablemente junto a otros individuos aún no identificados, cometió un número indeterminado de delitos en perjuicio de la fe pública que comprometieron seriamente la seguridad pública”.

De acuerdo a la disposición, las maniobras estaban dirigidas “a lograr que diversos e importantes establecimientos comerciales de diferentes rubros como supermercados, complejos deportivos, consultorios médicos, entre otros, pudieran en los hechos funcionar y operar comercialmente infringiendo la normativa vigente en materia de higiene y seguridad”.

La normativa vigente está detallada en “la Ley Nacional n° 19.587 y su respectivo decreto reglamentario 351/79 que rige, regula y establece las medidas y condiciones de seguridad que deben presentar los locales comerciales”, advierte el documento. 

La fiscalía determinó que Julio Zárate actuaba “como líder y jefe de la asociación ilícita, quien siendo personal de Bomberos de la policía de Córdoba retirado, puso al servicio de esta agrupación sus vínculos y contactos, a su vez sus conocimientos en la materia por haberse capacitado en la misma y por desempeñarse como gestor de tales actividades”; 

La resolución destaca también que “Eduardo Rivadero, desde su posición como personal policial dentro de bomberos, en la confección material de los certificados apócrifos, luego suplantado por Marcos Luquez cuando aquel se retiró, quien aparte firmó varios de los certificados con su rúbrica personal”

Además, afirma que “Gorocito, prestando funciones como chofer en la Subjefatura de Policía, usufructuó sus contactos e influencias para que la organización delictiva pudiera obtener con mayor celeridad los certificados ilegales; mientras que Roque Javier Olmedo, como mandatario de la firma CYRE SA (que contiene los supermercados Cordiez y Mercamax) y con conocimientos en higiene y seguridad, se encargó de gestionar los certificados para dichos establecimientos en convergencia con toda la organización delictiva”

De acuerdo a la resolución del fiscal, el círculo se cerraba con “los ingenieros Mario García y Felix Calama, con conocimientos específicos en higiene y seguridad, se encargaron de falsear la realidad de los locales comerciales confeccionando múltiples informes de higiene y seguridad de contenido mendaz, los que fueron utilizados por la banda ilícita para darle visos de regularidad y aparente formalidad”.

De esa manera, reza la resolución, “se logró que los locales comerciales en cuestión –de grandes dimensiones y de masiva concurrencia social- continuaran en actividad en palmaria vulneración a la normativa de higiene y seguridad nacional, y en conclusión perjudicando la seguridad pública, y para ello, dicha asociación ilícita habría percibido grandes sumas de dinero”.  

Se aclara también que “no se descartan nuevas imputaciones para ellos, como así también respecto a otras personas ya ajenas a la asociación delictiva”, ya que solo “se ha analizado la Asociación Ilícita y aún restan especificarse los hechos particulares respecto a cada local comercial en que la mencionada organización delictiva intervino”.

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Finalmente, se remarca que “la resolución tiene la particularidad que será acotada temporalmente por un plazo de sesenta días, puesto que se trata de una medida excepcional, en cuyo transcurso se recabaran elementos de prueba útiles para dar fin a la investigación penal relativa a la línea “Bomberos”, sin perjuicio de que se encuentran activas otras líneas investigativas en secreto de sumario”.

En el comienzo de la investigación, el fiscal González trajo a colación la “Tragedia de Cromañón” en el que murieron cerca de un centenar de personas y hubo decenas de heridos, como un caso paradigmático del daño que puede ocasionar la violación de la normativa en la materia.