A través de un comunicado, la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba denunció el despido de los querellantes históricos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y un conjunto de medidas que entorpecerán o impedirán la continuidad de las causas de Lesa Humanidad y los servicios que se brindaban.

El comunicado pone de relieve que “el desmantelamiento de las líneas de trabajo sobre Derechos Humanos y de reparación de los daños que ocasionó la dictadura en nuestro país es una política de estado” del gobierno nacional.

Y agregan que las decisiones que se han adoptado “vienen precedidad por un trabajo sistemático para desacreditar, desprestigiar y finalmente desarticular todo lo que se ha construido en políticas de DDHH en nuestro país”.

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En tal sentido el comunicado enumera un conjunto de decisiones políticas que apuntan en la misma dirección: “El vaciamiento de los sitios de memoria y el despido de sus trabajadores; el discurso negacionista y reivindicador de la dictadura por parte de la vicepresidenta Villarroel en el Congreso; la visita a genocidas en las cárceles por legisladores que niegan la verdad histórica y conspiran a espaldas de la sociedad con un posible proyecto de ley para otorgarles impunidad; la disolución de la unidad de investigaciones UI, que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI)”. Y señalan que ese conjunto es parte de “una escalada para forzar la refundación de este país, debilitando los consensos sociales logrados y tergiversando nuestra memoria compartida por una patria justa y soberna”.

Los despidos

El comunicado hace especial énfasis en los despidos Córdoba “de los abogados Claudio Orosz, Ramiro Fresneda y Eugenio Biafore, quienes estuvieron desde un primer momento comprometidos en la investigación y llevando adelante durante años, los juicios por delitos de Lesa Humanidad que se realizaron aquí en Córdoba”.

A los abogados despedidos se se suma también el Psicólogo Héctor Valenzuela, “del equipo de acompañamiento a testigos, con su valiosa labor de contención y acompañamiento a testigos de los Juicios por delitos de lesa humanidad”.

Frente a este escenario el documento emitido repudia “el descabezamiento del equipo de abogados de la secretaria de DDHH de la Nación en Cba y se solidariza con ellos reclamando su reincorporación inmediata. “Dijimos y decimos: Memoria, Verdad y Justicia. Nunca Más” es el cierre de la declaración.

Una situación especial

Le representación en Córdoba, permitió aún antes del jucio La Perla, participando con el Ministerio de Justicia en la reforma del Código Penal y en que la Ley de Inteligencia fuese compatible con los estándares internacionales.

Pero mucho más significativo es un detalle que depende de una cuestión de técnica penal.

En la justicia federal se respeta el principio acusatorio: si la fiscalía no acusa, no resultan condenas porque el tema no puede ser debatido por los jueves. En la etapa previa a la organización de la representación en Córdoba, algunos fiscales habían solicitado absoluciones y el criterio de las organizaciones era permitir que fuesen los jueces los que decidiesen si había elementos para condenar o no.

Por ese motivo, los abogados cumplieron con un pedido especial de Familiares de Detenidos y Desparecidos y de HIJOS, y se constituyeron como quereyantes en todas las causas, con 53 querellas y centenares de víctimas que de este modo encontraron la posibilidad de que las causas fuesen evaluadas en debate de los jueces.

Con la medida que acaba de tomarse, el despido de los abogados que constituyeron las querellas, esas 

Esas causas quedarán ahora, en su gran mayoría, sin patrocinio.