Nueva ley de seguridad pública y ciudadana en Córdoba: qué dice y cuáles son los puntos polémicos

La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles durante una tensa y larga sesión el proyecto del Ejecutivo provincial que establece una nueva ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, enviado hace pocos días por el gobernador Martín Llaryora.

La iniciativa, que cuenta con varios puntos polémicos y fue rechazada por gran parte de la oposición, fue aprobada por 36 votos a favor.  

Si bien en un principio el oficialismo contaba con votos propios y de algunos “aliados”, al incorporar sobre tablas otro proyecto para incrementar los aportes de empelados públicos tanto a Apross como a la Caja de Jubilaciones, la sesión se puso caliente y los legisladores de Juntos por el Cambio, la Izquierda y Encuentro Vecinal no participaron del debate.

Ver: Seguridad: cómo es el plan de Llaryora que envía a la Legislatura

No obstante, se tejieron nuevas alianzas y el polémico proyecto de Llaryora se aprobó con los 33 votos propios, y tres de opositores “alidados": los de Karina Bruno, (ex Juntos por el Cambio); Federico Alesandri (Creo en Córdoba); y Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza).

Los principales puntos de la nueva ley de Seguridad 

Tal como se planteaba en el proyecto de Llaryora, quedaron constituidas las Guardias Locales de Prevención y Convivencia y se incorporan las empresas privadas de seguridad, lo que generó rechazo entre los opositores. 

También se estableció la creación del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, que deberá “proponer programas de capacitación de los integrantes de las fuerzas provinciales de seguridad, de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia y de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada”.

Los municipios y comunas que adhieran a la nueva ley, podrán contar también con los nuevos “guardias”, cuyo objetivo será “contribuir en la prevención de violencias, contravenciones y delitos como auxiliares de la Policía de la provincia de Córdoba”.

Estas guardias podrán, además, trabajar en acciones para “disuadir, prevenir y hacer cesar la comisión de todo tipo de faltas, infracciones o contravenciones provinciales, municipales o comunales, y servir de auxiliares a la Policía” y recibirán “armas menos letales” de la provincia.

Este punto, que tiene que ver con que se autoriza la tercerización de servicios de seguridad privados, es el que más repudio generó entre los legisladores opositores que expresaron su rechazo a través de la red social X.

Según la nueva ley, la provincia podrá contratar estos servicios a terceros, para custodiar escuelas, edificios públicos, dependencias oficiales, hospitales, etc.  

Además, la nueva norma habilita a prestadores de servicios de seguridad privada para que dispongan de cámaras de video vigilancia, instalados en espacios privados de acceso público y que capten imágenes, para luego “poner a disposición de la autoridad el contenido almacenado en sus sistemas tecnológicos”.

Narcotest para todos y todas

Tal como habían anunciado desde el llaryorismo, la ley aprobada obliga a los funcionarios públicos y sus asesores a que anualmente presenten un certificado negativo de consumo de drogas. El mismo deberá ser expedido por una institución médica que acredite la realización de exámenes de presencia de metabolitos de estupefacientes.

Si el test da positivo, “se aplicará el procedimiento que disponga la reglamentación a cargo del Ministerio de Salud”, para el abordaje integral previsto para personas que consumen drogas ilícitas.

Por último, la iniciativa aprobada en la Unicameral ordena la creación de 6 nuevas fiscalías antinarcóticos y de 12 nuevas fiscalías criminales en la ciudad de Córdoba y en distintos puntos del interior.