Tal cómo había sido adelantado por funcionarios del Gobierno y luego de varias semanas de negociaciones infructuosas para consensuar una nueva ley, el Gobierno nacional extendió la vigencia de la ley de Biocombustibles por 60 días o hasta que surja una norma nueva que la reemplace.

La medida fue efectivizada a través del Decreto 322/2021, publicado este lunes en el Boletín Oficial, 48 horas antes del vencimiento de la actual normativa.

"La actual ley fue prorrogada hasta el 12 de julio de 2021 o hasta que entre en vigencia un nuevo ‘Marco Regulatorio de Biocombustibles’, lo que ocurra primero”.

El régimen establece, entre otras cosas, una estructura de beneficios y promociones para las empresas radicadas en el interior del país, y también un piso de corte de biocombustible que obliga a las petroleras a cumplir con un límite del 10% en diésel con mezcla de soja y del 12% en naftas con bioetanol de caña y maíz.

La prórroga llega luego de que en el Congreso no se logró sancionar una nueva iniciativa relacionada con esta materia que es impulsada por el oficialismo y que propone un nuevo marco regulatorio con un corte del 5% para el biodiésel y la posibilidad de reducirlo hasta un 3 por ciento.

En ese sentido, el Decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, aclara que este mecanismo seguirá rigiendo “hasta el 12 de julio de 2021 o hasta que entre en vigencia un nuevo ‘Marco Regulatorio de Biocombustibles’, lo que ocurra primero”.

Los legisladores y funcionarios cordobeses, venían reclamando una definición respecto de este tema desde hace varias semanas, fundamentalmente pedía que se mantenga el actual esquema para evitar afectar a las economías regionales de Córdoba ligadas a la producción de biocombustibles.

Entre los considerandos del Decreto publicado este lunes, el Gobierno señaló que “cuenta con estado parlamentario un proyecto de ley” que busca aprobar el mencionado “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, en el que se definirá “el nuevo rumbo estratégico del sector en consonancia con las necesidades energéticas del país”.

Por esta razón, las autoridades nacionales remarcaron que, “con el fin de asegurar un adecuado análisis y debate parlamentario” de esa iniciativa y “sin afectar las distintas etapas que integran la cadena de valor del régimen en cuestión”, corresponde permitir “de este modo la continuidad temporaria del régimen hasta ahora vigente”, por lo que era “necesario extender el plazo originalmente previsto”.