Carlos Rozansky: “El abuso contra las infancias es el delito más impune de la tierra”

Que un niño o una niña no sea escuchado. Esa, para el ex juez Carlos Rozansky, es una tragedia que se suma al abuso mismo. “La falta de escucha respetuosa frustra la posibilidad de comenzar una etapa de reparación, es ilegal en nuestro país y es una deuda que hay que empezar a reparar”, dice Rozansky por teléfono a cba24n. 

El autor del libro "¿Denunciar o silenciar?" llegará a Córdoba este viernes para participar de la 5° Mesa Nacional Conta el Abuso Sexual a Infancias y Adolecencia. Por primera vez el espacio que nuclea a organizaciones feministas, asociaciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil, equipos ministeriales, legisladores, madres protectoras y sobrevivientes, se reunirá fuera de Buenos Aires. La elección de Córdoba como destino hizo ruido en el Gobierno y en el Poder Judicial local porque no se sintieron “invitados”, según pudo consultar este medio. 

“Buscamos abrir el espacio, hacerlo federal”, explica Rozansky y agrega: La preocupación más grande de la mesa es el backlash,  es decir la reacción o los ataques que cada día se llevan adelante contra las madres, psicólogas, docentes, o contra todas las personas que se prestan a acompañar y ayudar a las víctimas. Esa gente es atacada todos los días y a veces no tienen la contención del poder judicial que debería darle la protección. Y eso pasa en todo el país: no solo en Buenos Aires”. 

Rozansky arrastra una larga trayectoria en derechos humanos. Como presidente del Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, inició el primer juicio contra los represores de la dictadura tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, en 2006, que terminó con la condena de Miguel Etchecolaz. Mucho antes, cuando era juez en Bariloche, hizo aportes para mejorar los sistemas de intervención en la justicia en casos de abuso infantil: entre ellos, redactó la ley gracias a la cual los chicos no son obligados a ir a declar a los juicios cuando son víctimas de una buso sexual. 

Ahora, jubilado desde 2016, dedica parte de su tiempo a trabajar contra el abuso y el maltrato infantil, definido por él como “el delito más impune de la tierra”. 

—¿Qué lo hace tan impune? 

—En nuestro país se esclarecen alrededor de tres de cada cien casos denunciados de abuso sexual de menores. Es el delito menos sancionado de todos los que integran el Código Penal. Si se tiene en cuenta que como máximo se denuncia el 10 por ciento de los abusos sexuales infantiles que se cometen, tenemos un total de 3 casos con condena cada 1.000. Por otro lado es un crímen con particularidades propias que los diferencian de los tradicionales. Suceden generalmente en el seno familiar o en el grupo conviviente y en segundo lugar, pero muy lejos, en las instituciones. Por eso, ante el develamiento de un caso, se produce un choque frontal entre el concepto de "familia" tradicionalmente y la realidad de cada caso. Es muy fuerte la resistencia de los sectores sociales más conservadores a aceptar que hechos tan aberrantes sucedan en el seno de instituciones históricamente sacralizadas. La segunda, en mi experiencia, radica en que en el ámbito policial-judicial en el que se llevan adelante las investigaciones de los crímenes, se aplican los criterios de pesquisa tradicionales sin tener en cuenta las particularidades de los protagonistas. Me refiero a los niños, el sector más vulnerable de nuestra sociedad, y a victimarios, en su inmensa mayoría varones, el sector más poderoso de nuestra sociedad.

—En estos casos actúa con mucha fuerza la falsa idea de “secreto” que los victimarios instalan en las víctimas o que opera, quizás por miedo o tabú, en el seno familiar. 

—Si. Pero cuando alguien por fin puede contar, necesita un sistema de intervención que sepa escuchar, que sepa respetar el nivel de trauma y complicación para expresarse que puede tener la víctima. Si se tiene todo eso en cuenta se interviene bien. Si no se tiene en cuenta, se interviene mal. 

—¿Una mala intervención significa revictimizar? 

—Implica dos cosas: revictimización, porque se está escuchando mal, y al mismo tiempo mayor impunidad. La mayor revictimización proviene de parte de los imputados y de un sistema que las tolera.

—¿Y qué medidas se pueden tomar? 

—El único secreto es la capacitación constante, permanente y actualizada. Tenemos una de las mejores legislaciones del mundo en materia de protección. El problema es la distancia entre las normas teóricas y la aplicación a los casos concretos. Eso es una deuda muy grande de la justicia que no sólo tiene que ver con la formación de los operadores, sino con los sistemas de selección. Quien no tiene una perspectiva de género genuina, no debería ser ni fiscal ni juez. En esos casos, no sólo han fallado los sistemas de designación, sino además, los de control. Es por eso que los funcionarios que aplican correctamente la legislación protectora suelen tener problemas incluso en sus propios tribunales, son acosados y agredidos por los violentos y sus asesores sin que el sistema los contenga y proteja.

—Hay instituciones o tribunales en las que todavía opera el Síndrome de Alienación Parental (SPA)

—El Síndrome de Alienación Parental es un invento sin sustento. Parte de esas reacciones violentas que aparecen cuando avanzamos en derechos. Busca instalar la idea de que una madre, por ejemplo, le lava el cerebro a su hijo para hacerle creer que fue abusado. De esa manera el chico va a contar que fue abusado cuando no lo fue. Por suerte hay muchos tribunales que ya saben la falsedad de este invento, aunque todavía quedan algunos que lo toman en serio, funcionarios que por aquella carencia de perspectiva de género y su mirada prejuiciosa, toleran y aceptan teorías que son absurdas y está comprobado que sólo buscan la impunidad de los abusadores.

—¿Romper con el sesgo patriarcal de la Justicia entonces es una de las claves para trabajar en la formación y la mejora de los sistemas de intervención?  

Si. Pero dicho así, es muy difícil. Es necesario, es obligatorio además en el contexto jurídico argentino. Pero es de gran complejidad porque el patriarcado es el que ha marcado la línea en la organización familiar a lo largo de muchos siglos, por lo tanto desandar ese camino no es sencillo. Lo estamos haciendo en Argentina, por un esfuerzo de los feminismos. La asimetría histórica que denostó a la mujer durante siglos, está empezando a cambiar gracias a esas luchas, pero es un proceso con idas y venidas que es imprescindible encarar. En el ámbito judicial la perspectiva de género no es una opción, es una obligación porque deriva de las convenciones de los derechos humanos.