La situación de pandemia que estamos viviendo se ha convertido en un desafío hacía nuestra capacidad de adaptarnos como sociedad y nos ha obligado a aprender a relacionarnos de una manera distinta. No existe ningún sector que no se haya visto afectado por esta circunstancia excepcional. Sin embargo, el rol de la tecnología ha sido fundamental para facilitar esa adaptación y permitirnos seguir desempeñando nuestros roles como funcionarios.

A partir de las medidas de aislamiento social implementadas, ha quedado en evidencia la necesidad imperiosa de las organizaciones de fortalecer sus procesos de digitalización, ofrecer herramientas de gestión a distancia y vías de comunicación efectivas.

El Estado, como actor central de la sociedad, no es ajeno a esta realidad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos cotidianos que se realizan, continúa avanzando a paso lento en el proceso de modernización e incorporación de nuevas tecnologías, y en el actual contexto, eso lo ubica en una posición incómoda frente a la ciudadanía. En la administración pública sigue persistiendo el culto al expediente, representado a través de una cadena “kafkiana” de actos administrativos que avanzan de manera lineal y lenta a través de un proceso infinito de validaciones de diferentes agentes y funcionarios. En muchos casos conlleva a la frustración de los ciudadanos.

Asimismo, la gestión documental realizada en papel imposibilita la generación de información sistematizada y segura, y por ende dificulta la toma de decisiones basadas en información fidedigna. Por lo general, los agentes no se replantean las actividades diarias que realizan, las cuales en muchos casos se encuentran fundamentadas en normas y legislaciones vetustas, dictadas hace más de 50 años. Tampoco existen mecanismos que impulsen la implementación de procesos de mejora continua.

¿Qué pueden realizar una Administración Pública ante esta situación? ¿Por dónde empezar?

El diagnóstico presentado requiere tomar decisiones firmes para avanzar en una reforma integral. Llevar adelante un proceso de transformación digital y modernización del Estado no solo implica la incorporación de tecnología, sino que contempla otros aspectos muy importantes, como el análisis de los marcos normativos, la reingeniería de procesos y el entrenamiento de las personas que transitarán por ese camino.

Es por ello que, una vez sentadas las bases y los principios legales que habiliten la utilización de las herramientas tecnológicas administrativas, como el caso del expediente digital, la identidad digital, la firma electrónica y la interoperabilidad gubernamental, se debe avanzar en la revisión integral de los procesos externos e internos de la administración pública, reformulándolos para hacerlos más eficientes y digitalizándolos para hacerlos interoperables entre ellos.

En este contexto de tanta incertidumbre debemos poner empeño en visualizar las oportunidades y transformarlas en algo bueno y positivo. El Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, a través de la adhesión a la Ley Provincial de Simplificación y Modernización de la administración (ley 10.618) fijó el camino a seguir para conducir a la ciudad de Córdoba hacia el camino de una “ciudad inteligente”. La apuesta es hacia la modernización, ya que sin lugar a dudas beneficia a todos. Debemos enfocarnos en ello y trabajar duro para lograrlo. Como bien dice Peter Drucker, “la mejor manera de predecir el futuro es crearlo”