El juicio contra Cristina Fernández pasó a cuarto intermedio hasta el lunes
Este martes inició la primera audiencia en la denominada causa "Vialidad" donde se investiga el supuesto direccionamiento de obra pública.
Este martes comenzó el juicio contra la expresidenta Cristina Faernández de Kirchner a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el marco del juicio oral y público por el presunto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz durante sus dos mandatos.
Además de la senadora, hay otros doce acusados entre los que se encuentran su exministro de Planificación, Julio De Vido, Lázaro Báez y otros diez imputados serán juzgados por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.
El primer juicio a la exmandataria comenzó con la lectura de las acusaciones en la Sala AMIA, la más amplia del edificio judicial de Comodoro Py 2002, y se estableció un cuarto intermedio hasta el próximo lunes. Fuentes judiciales estiman que esta primera parte puede demandar más de tres jornadas por el volumen de la instrucción.
Este mediodía el juez Jorge Gorini dio inicio al proceso con la lectura de las acusaciones de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. En tres horas leyó 100 de las 584 páginas que apuntan a la asignación irregular de 51 obras públicas a la empresa Austral Construcciones en la provincia de Santa Cruz.
Antes ingresar a Comodoro Py la expresidenta publicó una serie de twits calificó el juicio de ser una "cortina de humo para distraer a los argentinos de drámatica situación que vive nuestro país".
"Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras. Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial", publicó la senadora en su red social.
Todos los acusados son juzgados por los presuntos delitos de "asociación ilícita y defraudación a la administración pública" a raíz del direccionamiento del 80 % de la obra pública en Santa Cruz a favor del detenido empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos del kirchnerismo.