En la sesión de este miércoles de la Legislatura Unicameral de Córdoba, se resolvió que la provincia adhiera a la Ley Nacional de Economía del Conocimiento, aprobada en el Congreso recientemente.

Con aval de Hacemos Por Córdoba y Juntos por el Cambio, tuvo amplio apoyo.

No hubo unanimidad, eso sí, y las denuncias de legisladores opositores apuntaron a que la norma va "en contra de los derechos" de los trabajadores, y los beneficios a empresas se extienden hasta "la reducción de los salarios".

Los beneficios tributarios y fiscales para las empresas es otro de los puntos que generó debate.

En esos términos se expresaron los dirigentes de Izquierda, Eduardo Salas, Laura Vilches y Ezequiel Peressini, quienes votaron en contra, al igual que Aurelio García Elorrio.

Hubo dos abstenciones de dirigentes kirchneristas: Franco Saillén y Carmen Nebreda pidieron no votar.

Martín Fresneda, en cambio, dio su apoyo.

La norma

Fue sancionada por unanimidad el pasado 22 de mayo en el Senado de la Nación. Llega para reemplazar y complementar la denominada Ley del Software, cuya vigencia se extendía hasta diciembre del corriente año.

Según el texto, dicho régimen “tiene como objetivo promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos”.

El nuevo marco mantiene reducciones e incentivos fiscales para las empresas de software e informática, precisamente. Pero incorpora también como beneficiarios a actores de otros sectores, que se caracterizan por el uso intensivo de tecnología y requieren capital humano altamente calificado.

Según el artículo 2º, la ley también promueve los siguientes rubros: producción y postproducción audiovisual; biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis; servicios geológicos y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones; servicios profesionales, únicamente en la medida que sean de exportación; nanotecnología y nanociencia; industria aeroespacial y satelital, tecnologías espaciales; ingeniería para la industria nuclear; fabricación, puesta a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios orientados a soluciones de automatización en la producción que incluyan ciclos de retroalimentación de procesos físicos a digitales y viceversa, estando en todo momento, exclusivamente caracterizado por el uso de tecnologías de la industria 4.0, tales como inteligencia artificial, robótica e internet industrial, internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual.

También quedan comprendidas las actividades de ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias médicas vinculadas a tareas de investigación y desarrollo experimental.

Concesiones

La nueva normativa reduce costos laborales para los sectores beneficiarios. Además, otorga un bono de crédito fiscal transferible, que puede utilizarse para cancelar impuestos nacionales, como IVA o Ganancias. También reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias a un 15%.

A partir de ahora, aquellas empresas con una antigüedad menor a 3 años, y categorizadas como micro en el Registro Pyme, pueden ser una actividad elegible acreditando solamente el 70% de su facturación sin necesidad de cumplimentar otros requisitos.

Por último, entre otros beneficios, la normativa implica una mayor estabilidad fiscal para sus beneficiarios ya que no podrán ver aumentada su carga tributaria total nacional a partir la inscripción en el Registro, incluyendo los derechos de exportación.

Proyecciones. Con la implementación de la normativa se estiman generar más de 400.000 puestos de trabajo calificado y llegar a exportar USD 15.000 millones de dólares en el transcurso de la próxima década