El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dio a conocer este jueves los fundamentos de la Causa Vialidad.

El 6 de diciembre de 2022, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La resolución de los jueces también incluyó la absolución del exministro de Planificación Federal Julio De Vido. En tanto que el exsecretario de Obras Públicas, José López, fue condenado a seis años de cárcel.

La vicepresidenta ahora tendrá un plazo de diez días hábiles para recurrir con la apelación al veredicto ante Casación. Por el momento, Fernández no irá a la cárcel hasta que el veredicto quede firme. Es decir, hasta que la causa llegue ante la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para resolver.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso argumentaron su veredicto sobre la investigación que apuntó al direccionamiento de obra pública en favor del empresario santacruceño Lázaro Báez cuya condena también fue de seis años de cárcel. 

El Tribunal sostuvo que entre 2003 y 2015 hubo "manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez".

“La empresa criminal supuso una planificación y sofisticación magnífica, en la que actuaron diferentes niveles administrativos encolumnados bajo una misma finalidad”, agregó el Tribunal.

Qué harán las partes

Por su parte, las defensas apelarán y pedirán revocar las condenas por defraudación y confirmar las absoluciones por asociación ilícita, en sintonía con los argumentos que esgrimieron en sus alegatos finales el año pasado.

Los fiscales federales, Diego Luciani y Sergio Mola, se espera que cuestionen las absoluciones por el delito de asociación ilícita de CFK, José López y Julio de Vido.

Ambos habían reclamado 12 años de prisión para la vicepresidenta por asociación ilícita. Sin embargo, el Tribunal consideró que no hubo asociación ilícita pero si administración fraudulenta.