La comunicación se presentó a raíz de la experiencia de una víctima de la ciudad de Buenos Aires, que agotó todas las instancias existentes en el país y aún después de casi tres años del hecho no logró ninguna resolución ni reparación por la vulneración que vivió y por las graves secuelas con las que convive.

La presentación fué realizada por la ONG Las Casildas, en conjunto con el equipo de litigio en derechos humanos de Justicia y Reparación.Se trata de una organización que reúne a profesionales de la abogacía que litigan casos de personas que han sido vulneradas en sus derechos humanos producto de la acción u omisión del Estado, y tiene sede en Argentina y otros países.

"Esto constituye una denegación de justicia y una inobservancia de las obligaciones del Estado Nacional", aseguró el equipo de Justicia y Reparación a través de un comunicado.

Según Julieta Saulo, fundadora de Las Casildas, en Argentina "las denuncias que se realizan no finalizan en justicia para las víctimas, ya que el marco normativo no prevé penas para quienes cometan este tipo de vulneraciones".
La ley 26485, de Protección Integral a las Mujeres incorpora a la violencia obstétrica, pero no contempla sanciones.

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En febrero de este año, la Cedaw emitió la primera resolución sobre violencia obstétrica, cuando condenó a España a indemnizar a una mujer por "las numerosas intervenciones que le efectuaron sin que haya recibido explicaciones al respecto y sin que se le haya permitido opinar al respecto".

España debe indemnizar a la madre de forma "adecuada a los daños de salud física y psicológica sufridos" y además, el comité instó al Estado a tomar una serie de medidas para prevenir esta modalidad de violencia.