El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, ordenó este lunes la prisión preventiva por cuatro meses al empresario mendocino Antonio Vera, acusado del robo de 213 caños del Gasoducto Nea.

Vera estuvo prófugo desde el 14 de mayo y fue imputado por robo agravado y falsificación de instrumento privado. La pena del delito es de  seis meses a diez años de prisión.

Él es uno de los once imputados que tiene el caso y fue detenido el jueves pasado en la ruta 52, a la altura del kilómetro 15, en el partido bonaerense de San Vicente.

"Al verificar que registraba pedido de captura, Vera quedó detenido en una dependencia policial local, desde donde hoy asistió, por medios remotos coordinados por la Oficina Judicial de Orán, a la audiencia de imputación. También estuvo presente el abogado querellante Sebastián Smith", informó el Ministerio Público Fiscal.

Entre los imputados se encuentran el actual intendente de Aguaray, Jorge Prado, su secretario de Hacienda, Fredy Céspedes, y varios empresarios Salta, Mendoza y Buenos Aires.

La causa

La Justicia Federal imputó el pasad 18 mayo al intendente de la localidad de Aguaray, Jorge Enrique Prado; el secretario de Hacienda de ese municipio, Freddy Marcelo Céspedes y el empresario Diego Andrés Alos, titular de la firma OSYP SA.

La imputación es por fraude en perjuicio de la administración pública. Según el fiscal general Eduardo José Villalba, el intendente autorizó la sustracción de los caños del gasoducto que pasan por el territorio del municipio de Aguaray para venderla a la empresa OSYPSA. La orden data el 23 de diciembre de 2019.

“A juicio de esta fiscalía, el intendente y su secretario de Hacienda habrían procedido a enajenar caños que no le pertenecen, accionar en el cual también está comprendido Alos, quien aparece como el adquirente de los bienes que son propiedad del Estado Nacional y, por lo tanto, no se encontraban susceptibles de ser comercializados”, afirmó el fiscal.

Por otro lado, el fiscal sostuvo que Vera llevó adelante la comercialización de dichos bienes, para lo cual montó una empresa “fantasma” denominada Vera SA, de la cual se valió para darle un marco legal a la venta de los caños.