Los representantes legales de Cristina Fernández de Kirchner notificaron a Google sobre la resolución judicial que ordenó la pericia informática que la vicepresidenta de la Nación había requerido la pasada semana. (Ver: Cristina Fernández anunció que demandará a Google)

La demanda fue aceptada el día viernes por el juez Javier Terrero, quien solicitó medidas de para determinar el origen de la publicación en el panel de conocimiento de la página principal del buscador, en el que la ex presidenta fue calificada como “Ladrona de la Nación Argentina”.

Las medidas también requieren precisiones sobre el alcance y el tiempo total en que dicha frase se encontró activa.

Además, obliga a la empresa, con sede en California pero con oficinas en Argentina, a conservar todos los datos asociados al nombre Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Kirchner, a partir del 17 de mayo de 2020 hasta el día en que se realice la pericia.

La defensa de Cristina interpreta que así se reconoce a Google como "la exclusiva propietaria, administradora y responsable del contenido de la plataforma y del riesgo que conlleva la pérdida de la información a la hora de mensurar los daños y perjuicios".

La transparencia del algoritmo

El análisis excede el caso impulsado por Cristina Kirchner, más allá de su indiscutible trascendencia pública. Se trata de otra oportunidad para una discusión cada vez más urgente.

"El reclamo de Cristina por sus derechos individuales no impacta sólo en las posibles indemnizaciones que pudieran corresponderle, sino que ha originado y acelerado un debate mucho más interesante sobre la regulación de las grandes plataformas de internet y, especialmente, sobre la responsabilidad de los intermediarios. Este debate se está dando en simultáneo en todo el mundo y Argentina todavía lo adeuda", advierte el abogado Andrés Piazza en un texto publicado en Cenital.

Ese debate apunta al cimiento sobre el que se sustenta la intención autoregulatoria que defienden buscadores y redes sociales: la supuesta asepsia y neutralidad del algoritmo que define, promueve y oculta 

"La primera discusión interesante es sobre la transparencia algorítmica. ¿Qué cosas son necesarias establecer por regulación? ¿Debemos conocer cómo funciona el algoritmo? ¿Qué otras cosas están dentro de la esfera de lo que una empresa debería ocultar? Como este tema no está regulado hay lugar para una demanda que tiene elementos que no son muy claros", señala el especialista en derecho informático.  

"No sabemos de dónde se nutrió el algoritmo para escribir este panel de conocimiento que sirve como resumen. Aparentemente lo que habría sido vandalizado es Wikidata, no la enciclopedia Wikipedia. Ahí se da una interesante discusión: las plataformas siempre intentaron evitar ser considerados medios, responsables legalmente", amplía.

En acuerdo con otros referentes del sector, Piazza considera que la regulación se termina imponiendo ante estas prácticas. "Quizás la mejor salida sea una regulación de responsabilidad que indudablemente tiene que existir", afirma.

No obstante alerta que, más allá de este caso, es necesario discernir cuál es la real intención del editor respecto de la publicación.

"El algoritmo puede ser corregido. Alguien puede decirle que dice algo incorrecto y cambiarlo. Los buscadores tienen algo de responsabilidad en esto", amplía.

"Ya no hay dudas de que necesitamos regulación. Ahora discutimos sobre la responsabilidad del editor. Las empresas están preocupadas porque se les asigne la responsabilidad objetiva, que es la que tienen los automóviles y las maquinarias riesgosas, lo cual sería peligroso. Por ahora aplica bien la responsabilidad subjetiva", concluye