Amnistía Internacional decidió que era demasiado ejercicio anti democrático como para permanecer  indiferente. Y lo hizo con una extensa carta de denuncia que dirigió a seis funcionarias y funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), firmada por su Directora Ejecutiva Mariela Bielski.

Concretamente recibieron la denuncia Roberta Clarke,  la actual presidenta, Edgar Stuardo Ralón Orellana, Relator para Argentina, Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión, José Luis Caballero Ochoa, Relator de Defensoras y de Defensores de Derechos Humanos y Operadores de la Justicia y Tania Reneaum Panszi, Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El referido de la carta lo dice todo:  “Remite información sobre la situación del ejercicio de la libertad de expresión y prensa en Argentina”.

El Contenido

La carta hace un pormenorizado reporte, centrando la atención en dos cuestiones que marcan la preocupación de Amnistía sobre la libertad de prensa y de expresión en nuestro país.
Por un lado, los sistemáticos y virulentos ataques desde la misma presidencia de la nación (y su red amplificadora) y por el otro, advierte sobre las restricciones planteadas por el gobierno para el acceso a los periodistas en la Casa Rosada.  

En el primer aspecto, la carta detalla que “en lo que va de la gestión del presidente Javier Milei, cerca de 30 periodistas recibieron hostigamiento en redes socio digitales y medios de comunicación”.

“El actual gobierno lleva pocos meses de gestión, sin embargo, estamos siendo testigos de cómo la confrontación, odio, temor y las noticias falsas violan reglas básicas del Estado de derecho",  agrega la carta.  

También señala que “la red socio-digital “X” (ex Twitter) se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos y acusaciones” para enunciar los calificativos que están a la orden del día para cualquiera que disienta con el oficialismo: “mentirosos”, “ensobrados”, “idiotas”, “violentos”, “agresivos”, “despreciables”, “imbéciles”, entre otros.

En el escrito, la organización internacional también cuestionó la arbitrariedad con la que el gobierno decidió remover la acreditación de la periodista Silvia Mercado. 
Y alertó sobre el anuncio del vocero de la presidencia de dictar lineamientos para la acreditación a Casa Rosada que pudieran devenir en un ejercicio arbitrario y selectivo para limitar las voces que pueden preguntar e indagar sobre las medidas de gobierno.

La carta tiene un apartado especial para insistir en que este tipo de ataques suele tener un anclaje más profundo cuando las víctimas son mujeres. Esto impacta directamente no solo en la reducción del debate público sino también en la salud de las personas afectadas.

En la presentación de la carta, Amnistía señala que: “Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de un Estado de derecho. Cuando quien agrede es el presidente de la Nación está claro que tendrá efectos aún más profundos sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y la información". 

"Pero, además, la descarga de odio contra los profesionales de prensa no hace sino habilitar y promover el hostigamiento, las amenazas y la violencia. En efecto, la palabra del funcionario es seguida de un aluvión de mensajes que reproducen agresiones y hostilidad”.

Exigen intervenir

La carta cierra solicitando la intervención de la CIDH para que exhorte al Estado argentino a pronunciarse sobre la importancia de proteger los derechos a la libertad de expresión y prensa y el rol central que ocupa el periodismo en un estado de derecho.

Asimismo solicita que se “exhorte al Estado argentino a que se abstenga del uso de discursos y mensajes criminalizantes de la labor periodística. 

Y por último, la misiva le solicita a la CIDH que considere la elaboración de mecanismos y respuestas para contrarrestar las prácticas de los Estados de utilizar discursos estigmatizantes que procuran desacreditar al periodismo y que explicite recomendaciones específicas sobre el rol de los funcionarios públicos y el impacto en las comunicaciones del Estado, en el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y el rol del periodismo.

Se adjunta el texto completo de la carta.